“¿Qué diría el juez ante quien se plantee la cuestión? ¡Sorpresa!: ese extremo ya está previsto en el Decreto ley, que ha añadido una norma que, desde el punto de vista jurídico y dejando al margen consideraciones morales, es aún más escandalosa, que la de amnistía propiamente dicha. Pues lo que dice el Decreto ley es que la encargada de estimar la exoneración de responsabilidad penal, es la propia Administración, “sin pasar el tanto de culpa a la Autoridad judicial ni al Ministerio Fiscal” (…).
Concluyo con un consejo al Gobierno: si no quieren ustedes tener problemas con su amnistía (incluido el cumplimiento de las previsiones de recaudación), presenten cuanto antes un proyecto de ley orgánica de reforma del Código Penal. Y supriman la impresentable pretensión de mantener al margen a la Fiscalía y a la autoridad judicial”.
‘¿Amnistía fiscal mediante decreto ley y sin control judicial?‘, por Fernado Pérez Royo
No soy jurista ni abogado, ni tan siquiera aficionadillo al derecho, pero anoche, leyendo este ininteresante artículo, me pareció ver un paralelismo sorprendente entre lo que en él se denuncia y lo que muchos hemos venido denunciando como principal fundamento de la conocida como Ley Sinde-Wert: la apropiación por parte de la Administración de competencias que son exclusivas de la autoridad judicial.
Un ‘modus operandi’ gubernamental, que atenta contra la separación de poderes, convertido al parecer ya en algo habitual, pero curiosamente en dos direcciones claramente opuestas: en el caso de la Ley Sinde-Wert, para convertir en delincuentes a quienes la Ley dice que no lo son; y en el caso de la anministía fiscal, para exonerar de delito a quienes la Ley señala como delincuentes.
Dos sinsentidos y dos mensajes inquietantes, vía sendos decretazos en lugar de cambios legislativos, para el espíritu democrático, y de una arbitrariedad alarmante, que revela no ya un desprecio al interés general y a la ciudadanía, sino a las propias instituciones, las leyes y su principal garante: el poder judicial.
Ya digo que soy lego en la materia y probablemente ande equivocado. Pero Fernando Pérez Royo no lo es. Sus argumentos me parecen tan relevantes que comparto con él ese aviso a navegantes al respecto de la amnistía fiscal y, por concomitancia, lo amplío a la aplicación de la Ley Sinde-Wert: vayan ustedes con mucho cuidado porque, decreto aquí o decreto allá, esto sigue siendo (creo) un Estado de derecho; y en un Estado de derecho, al final, suelen acabar fracasando las medidas que atentan contra el interés general, el marco legal y las libertades y obligaciones consagradas en la Constitución.
