Ya me lo decía mi madre en su pertinaz papel de apasionada consejera: los casinos, hijo mío, son la perdición. Si los progenitores de María Australia Navarro y Francisco Hernández Spínola hubiesen sido advertidos de tal circunstancia a tiempo, tal vez como yo en la infancia, igual a estas alturas estarían más entretenidos en asuntos como el paro, la pobreza, la educación, la salud mental, la inmigración, la crisis económica, el acceso a la vivienda… en fin todos esos problemillas de andar por casa que tanto preocupan a la ciudadanía y tan poco, al parecer, a quienes tienen el deber de solucionarlos. Pero no, han decidido entrar de lleno en la cosa de la ruleta y el black jack, tirándose las fichas a la cabeza en una disputa que tiene su aquél, pero en la que, en definitiva, prevalecen los intereses de sectores más o menos privados, es decir empresariales en general (aunque algunos están que trinan).
No parece de recibo que el reparto de prebendas en un área económica que, en el campo del interés general, ni está ni se le espera ocupe un lugar predominante en el templo de la representación popular que es el Parlamento, y mucho menos con esa pasión y ese ardor guerrero tan faltón y desmadrado que ya nos gustaría se diera, por un poner, en cualquiera de los escasos debates sobre los asuntillos anteriormente enumerados. Es como si de pronto el ser o no ser de nuestra región pasara por cero o cinco casinos más o menos y, con ser surrealista la cuestión, tampoco es como para portada del BOC o movilización multitudinaria.
Lo de María Australia, que es decir el PP, que es decir José Manuel Soria y, a lo que parece, es decir también el Ejecutivo canario en peso, es de rechifla. Se nos pone ahora en plan Agustina de Aragón de la causa antimonopolística y no en asuntos como la electricidad, las comunicaciones, el agua o el gas, sino, acérquense bien al texto, en el juego. Sí, han leído estupendamente. Y se muestra firmemente antimonopolista cuando, en realidad, no existe ningún monopolio, ya que cada uno de los casinos que funcionan en el Archipiélago son hijos de su padre y de su madre, es decir, de las distintas empresas que los gestionan en calidad de concesionarias. Bueno, sí que hay un monopolio, que es el del Estado, auténtico dueño y señor de esta actividad, pero no creo que Navarro se refiera a eso, que tampoco le vemos maneras de nueva Pasionaria. Y mantiene erre que erre su posición, a pesar de los informes que revelan el incipiente declive que experimenta el sector, la crisis turística y la firme oposición de la asociación nacional de casinos.
Lo de Hernández Spínola, que es decir el PSC, que es decir Juan Carlos Alemán y, a lo que parece, todo su entorno mediático, no le va a la zaga. Aun compartiendo su criterio, no entendemos el frenesí con que se han sumado a la partida en comparación con la tibieza con que suelen ejercer su papel de oposición en otras tablas.
Lo realmente lamentable sería que, al final, el cruce de acusaciones al que asistimos el miércoles en el Parlamento tuviera su correspondencia con la realidad. Es decir, que unos y otros no defendieran más que las cuentas corrientes de amigos y allegados. Lamentable y grave. Mucho. Demasiado.
Artículo publicado en El Mundo/La Gaceta de Canarias
viernes 25 de junio de 2004
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El juego privado es nocívo e incluso (cuando lo que se apuesta es dinero) inmoral,
pues para que alguien gane otro tendrá que perder su dinero. Es decír este tipo de
negocio está basado -y esto es muy ”gordo”- en que los clientes vayan a perder su
dinero sobre los tapetes de las mesas de juego. A cambio el jugador nada obtiene. En los países en donde el juego es de titularidad publica las perdidas experimen-
tadas por los ciudadanos no lo son tanto pues esos dineros revertirán en mayor o
menor medida en sus propios intereses al engrosar las arcas del estado. Aquí se
han cometido dos errores: autorizar el juego y dejarlo en manos privadas. Permi-
tír que solo dos concesionarios sigan explotando el filón de forma monopolística -
uno en el Sur Grancanario y otro en Las Palmas de Gran Canaria- sería el tercer
error. Este es el argumento que me hace estar a favor de nuevas concesiones aun-
que la solución menos mala sería que los nuevos casinos fueran de titularidad pu-
blica y por supuesto que los propietarios de los que ya funcionan no puedan serlo
de los futuros, lo contrario equivaldría a reforzar el monopolio.
Coincido con el punto de vista de -BERT- en lo referente al efecto negativo del
juego -casinos, bingos y máquinas tragaperras-en la sociedad. Provoca la zozo-
bra de muchas economías familiares y de las propias famílias y no aporta nada
a cambio, es asimismo un potente vector a través del cual llega el dinero que pier-
den los aventureros, los temerarios los desinformados o sencillamente los ludopa-
tas a los bólsillos de unos pocos (propietarios de instalaciones de juego) empresa-
rios que se me antojan carentes de altas miras o sólidos princípios sociales. Las importantes ganancias que obtienen -con la ruina material y moral de muchos- los convierten en grupos de presión muy inconvenientes en una democracia tan
joven y maleable como la nuestra.
Dicho esto y como se cometió el tremendo error de autorizar el dichoso juego, lo más sensato sería que los casinos fueran de titularidad pública -Cabíldos, Ayun-
tamientos etc- como ocurre en otros lugares. Como desgraciadamente éste no es el
caso de nuestra Província hay que evitar a toda costa que se convierta en monopo-
lio, por lo que propongo la prohibición absoluta de que los propietarios de los casinos ya existentes puedan optar a cualquiera de las nuevas licencias. En sín-
tesis mejor cinco casinos en Gran Canaria que solo dos al menos de esa forma los
jugadores tendrán mas opciones a la hora de elegír en donde quieren que los dejen
sin blanca.
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