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El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) acaba de mover ficha en la complicada partida de ajedrez del mercado de los libros de texto en nuestro país. Lo ha hecho a través de un segundo espada, Rogelio Blanco, director general del Libro, y en plan globo sonda. Blanco no tuvo reparos en anunciar, en el transcurso de una extensa entrevista concedida a la agencia Efe de la que se hicieron eco todos los medios de comunicación del país, la supresión de los descuentos del 25% que aplican las grandes superficies y la implantanción de un precio fijo “sin excepciones”. El director general excusaba esta medida en la crítica situación por la que atraviesan las pequeñas librerías, que no pueden realizar ese tipo de descuento y, por tanto, competir con las grandes superficies, y en el consenso alcanzado con “libreros, editores y distribuidores”.

Como todo globo sonda que se precie, el anuncio ha tenido su respuesta y su desmentido. La respuesta ha sido prácticamente unánime, y no precisamente entre la patronal de grandes almacenes, sino entre los consumidores y padres de alumnos, que han visto en las palabras de Blanco la antesala de un fortalecimiento de los intereses empresariales frente a los del ciudadano de a pie. El desmentido: el Gobierno no suprimirá los descuentos, es más, apuesta por la gratuidad de los textos escolares.

El Ejecutivo que encabeza ZP ha tomado el pulso popular de una cuestión que, tarde o temprano, de una u otra forma, tendrá que afrontar por las enormes presiones de los lobbys empresariales que contribuyeron a su asalto a La Moncloa (la poderosa editorial Santillana, por ejemplo, es también propiedad de Jesús de PolancoPrisa). Su lema de libros gratuitos es, hoy por hoy, un canto de sirena que no se traduce en proyecto, plan, estudio o aportación práctica alguna. Por otra parte, medios afines y bitacoreros apasionados se han apresurado a achacar el escándalo derivado de las palabras de Blanco a una campaña de la derecha y de los medios contrarios al PSOE. Craso error (por no hablar de desesperada manipulación), salvo que se descubra que el director general del Libro es un infiltrado del Partido Popular y sea expulsado del PSOE en las próximas horas. Porque ha sido él, y sólo él (en su calidad de cargo del Gobierno socialista), quien ha encendido con sus escandalosas manifestaciones la llamita de la indignación.

Con todo, la papa que tiene entre sus manos ZP y compañía es de las que abrasan. Efectivamente, estamos ante un complejo triángulo de intereses (editoriales, comercios y consumidores) de difícil resolución. Pero se trata de un triángulo de base invertida en el que el vértice de la ciudadanía soporta todo el peso. El mercado del libro de texto en España es un auténtico atentado contra el básico derecho a la educación, gratuita según nuestra Constitución. A la insoportable carestía, se une la permisivida gubernamental (de todos los gobiernos que han sido y son, con alguna excepción autonómica) hacia la ligera variación de contenidos en cada curso para impedir su reutilización, suponiendo una sangría económica para las clases menos acomodadas, es decir para el 90% de la población. Eso sí, para compensar el dislate, las editoriales nos obsequian con incrementos como el de este año (un 3,3%), situando el valor medio de libros/alumno entre los 165 y los 120 euros.

Por esto, llama poderosamente la atención que, según palabras del propio Blanco, sólo se haya consultado al sector empresarial a la hora de diseñar los nuevos proyectos. Como si los más perjudicados, es decir lo consumidores, no tuvieran nada que decir al respecto. Circunscribir el debate a los derechos de los pequeños libreros frente a las grandes superficies es pervertir la realidad e ignorar el interés general, es decir el bienestar de la inmensa mayoría de los españoles.

Si realmente el PSOE apuesta por la gratuidad de los libros de texto, una proclama cuya puesta en práctica resultaría de una complejidad enorme, debería comenzar a dar pasos en ese sentido sin rodeos y, desde luego, nunca perjudicando en el camino al grueso de la ciudadanía. Desde aquí seremos los primeros en aplaudirle. Si lo que pretende es pagar los favores recibidos, igual sería más conveniente hacerlo en algún otro ámbito, como el de la televisión digital, donde los manejos pueden ser igual de escandalosos e inconfesables, pero al menos no inciden directamente en el bolsillo del pueblo al que se debe y que bastante tiene ya con llegar ileso a final de mes.

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