Asistimos desde hace unos meses a una ofensiva mediático-jurídica que tiene como principal demanda la ampliación de la protección legal al derecho de la intimidad de los denominados famosos. Y digo denominados porque, en realidad, bajo ese nombre se intenta aglutinar una amplia representación de sectores dispares más o menos vinculados a la cultura, más o menos vinculados al espectáculo, más o menos vinculados a la jet set o, si lo prefieren, vida social. La excusa, el “acoso” de los medios de comunicación encuadrados bajo el epígrafe de prensa rosa. El objetivo, acceder a un estatus de privilegio que sitúe al gremio en un escalafón legal superior al del común de los mortales.

La iniciativa es de una frivolidad, hipocresía y atrevimiento tales que en cualquier sociedad democráticamente avanzada no pasaría del chascarrillo o la anécdota, pero dado que España es (in)diferente, parece que aquí el asunto va cobrando fuerza y carta de naturaleza en algunos ambientes de la abogacía y la opinión periodística.

La historia de este sinsentido viene a ser más o menos la siguiente: tras una discreta relación de décadas entre famosos y prensa, aquellos comienzan a encontrar en las exclusivas una fuente inagotable de recursos, alimentando el monstruo de lo que hoy se conoce como prensa rosa en un círculo vicioso cuyo crecimiento hace ya tiempo comenzó a escapársele de las manos tanto a unos como a otros. Para poner freno a esos desmanes que ellos mismos han propiciado, se inventan un nuevo estatus legal, el de famoso por supuesto, que les permitiría no solo seguir incrementando sus arcas a través de exclusivas y reportajes cuando les viniera en gana y siempre que ellos tuviesen el control, sino que además elevaría su rango a niveles similares a los que disfrutaba la nobleza en períodos feudales y algunas oscuras etapas de nuestra reciente historia. Nobleza con la que, por otra parte, muchos de ellos se relacionan de forma habitual.

Puestos a proponer, no se propone, ni de lejos, la sencilla solución de alcanzar un amplio acuerdo para rechazar las tentadoras ofertas y desaparecer de las páginas de los diarios y las pantallas de televisión, acabando con el monstruo en un tris tras (pero dejando de percibir tan sustanciosos emolumentos). No, en absoluto. Quien ayer fuera, pongamos por caso cobrador del frac, y que gracias a un Gran Hermano o a un braguetazo inmisericorde se encuentre hoy aupado a la cresta de la ola no se contenta con desarrollar una vida ociosa y remunerada, sino que aspira a más. Porque hay que hacer hincapié otra vez en que la mayor parte de esta pretendida neoaristocracia no representa a los sectores de mayor prestigio y seriedad profesional de la cultura, las artes o el espectáculo, sino especialmente a esa hornada de famosillos y botarates (con perdón) a quienes la loca batalla por las audiencias ha encumbrado por méritos tan sobresalientes como el insulto, el despelote, los cuernos, la mala milk o la vocación escatológica. O una esperpéntica fusión de mérito y corazón.

No están para menos, que diría mi suegra. Atentar contra el artículo 14 de la Constitución:

“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”

por un quítame allá ese micro, no me enfoques con esa cámara. Inaudito.

Cierto que la caza y captura del famoso se ha convertido ya en un atropello en toda regla con resultados cada vez más nefastos para el protagonista, el medio y el propio espectador. Pero la Ley dispone de herramientas suficientemente eficaces para combatir los excesos contra el honor y la intimidad. De los famosos… ¡y de cualquier otro ciudadano! Ahí están las múltiples denuncias y las múltiples sentencias. Porque si tanto derecho tiene el famosillo a no arrastrar una nube de fotógrafos en cada uno de sus movimientos, el mismo tienen los usuarios de banca a que no se intercambien sus datos personales, los telespectadores a que no se les inunde de programas basura o el atribulado currito de a pie a no recibir llamadas indeseables de empresas que intentan colarle sus productos. Y, si algo hay que cambiar, habrá que cambiarlo para todos. Entonces, ¿a qué más? ¿En qué la diferencia?

A algunos no les basta con querer encarcelar a las decenas de millones de usuarios de redes P2P, a no hacer colas para entrar en los conciertos, a disponer de prerrogativas sociales a las que ningún otro ciudadano puede acceder, a contaminar las mentes con mentiras e insultos, a embolsarse en un penoso espectáculo de cinco minutos de televisión lo que a un trabajador le cuesta ganar en un año, a empozoñar la imagen de los muchos artistas honestos que intentan ganarse el pan de cada día trabajando a destajo y en silencio, a vender una supuesta ideología con fines meramente lucrativos… Ahora, además, quieren privilegios legales, y mañana, probablemente, querrán también ínsulas y coronas como nuevos Sanchos Panza de la quijotada nacional.

Protección sí, de acuerdo, pero para todos por igual. Dignidad también (aunque de eso no hablan mucho) incluso para esta desnortada, caradura, cutre y pretendida nueva aristocracia del tercer milenio.

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