\'Talantes\' los hay de muchos tipos

La Comisión de Libertades e Informática (CLI) se ha sumado a las protestas contra la reforma de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (ley de internet, para los amigos) que ultima el Gobierno español emitiendo un demoledor informe que pone de manifiesto la ilegalidad de responsabilizar a los prestadores de servicios de los contenidos ilícitos que alberguen sus clientes, extremo recogido en el citado texto legal (PDF) y que obligará a los proveedores a espiar a los usuarios, vulnerando, como mínimo, los derechos protegidos por la Directiva sobre Comercio Electrónico de la Unión Europea, el derecho a la intimidad expresado en los artículos 18.1 y 20 de la Constitución Española, y el derecho a la vida privada recogido en el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos.

Es una advertencia que se viene realizando desde la publicación del borrador de la reforma por parte de organizaciones de usuarios y expertos jurídicos sin que, al parecer, haya tenido efecto en los promotores del texto, más preocupados en satisfacer las exigencias de algunos sectores minoritarios en su lucha por erradicar lo que ellos denominan piratería que en primar el interés general o, cuanto mínimo, respetar la legalidad vigente.

En declaraciones a ABC, Ofelia Tejerina, coordinadora del Servicio Juridico de la CLI, recuerda cómo la normativa europea exime a los proveedores de servicios

“De responsabilidad ante la conducta de éstos en caso de que no hayan tenido conocimiento efectivo de la actividad ilícita. Tal conocimiento efectivo podía existir únicamente cuando hubiera resolución judicial previa que declarase la ilicitud de los contenidos o la existencia de una lesión, y además que el prestador conociera la correspondiente resolución.

De este modo, la ley deja la determinación de la ilicitud de los hechos al juez, ya que de otro modo se darían, por un lado, los riesgos de considerar a todos los usuarios como presuntos delincuentes y, por otro, de otorgar una facultad de invasión de la intimidad a un ciudadano (el proveedor de acceso) frente a otro (el usuario)”.

Aún se está a tiempo de corregir tremendo desatino y atentado contra las libertades básicas del ciudadano, así como de no incurrir en una suerte de insumisión legal de imprevisibles consecuencias para responsables y cómplices de este caprichito político-gremial. Parafraseando un admirado lema de socialistas y de esos sectores afines que están detrás de la reformita de marras, podemos decir que ciertamente Hay motivo: hay motivo para frenar en seco, aplicar criterios democráticos, de derecho y de sentido común, iniciar un período de reflexión y contraste con todos los sectores implicados y luego elaborar una reforma consensuada que responda al interés general y a los retos de esta revolución tecnológica que, por suerte (para la mayoría) o por desgracia (para sectores privilegiados y recalcitrantes), nos ha tocado disfrutar.

Así fuera sólo por una cuestión de talante.

Share