Por más que diga y asegure el Gobierno de Canarias que la adjudicación de las licencias para las emisoras de la TDT se hará con transparencia, las experiencias pasadas en este terreno, a lo largo y ancho del territorio nacional, no permiten presuponer tal cosa. No hay más que ver cómo el portavoz gubernamental de CC ha salido al paso de la sonora protesta del PSC acusando abiertamente a los socialistas de albergar las mismas malignas intenciones que éstos le atribuían a CC, sólo presuponiendo que lo harían en tiempo de incierto futuro, (si ganan las elecciones), mientras que los de Coalición adjudicarán ahora y con el BOC en la mano, que para eso están en el machito.

Y esa acusación no es otra que la de afirmar que tienen, unos y otros, la intención de repartir las licencias entre sus amigotes y correligionarios o a grupos mediáticos que estén dispuestos a un conchabo y renuncien al machaqueo y al guineo permanente, tipo ‘El Día’ casi cada día y siempre en domingo y fiestas de guardar. Lo pésimo de esto es que la ciudadanía lo tiene tan asumido, que ni se inmuta por una nueva muestra de descaro y de corrupción. Porque conviene tener presente que lo que en realidad se imputan unos y otros, en grado de tentativa, es una conspiración institucional para cometer una prevaricación, creo que así lo llaman los que Montesquieu escribió que deberían estar llamados a impedirlo.

Cuando se examinan, aunque sea superficialmente, los pliegos de condiciones técnicas aprobados por el Gobierno para baremar y valorar los méritos de los concurrentes, no deja uno de sorprenderse. Justificar en una memoria con un mínimo de seriedad cada uno de los apartados exigidos supone un gasto gigantesco para los concursantes, sin que el hacerlo les garantice lo más mínimo. Por eso en este tipo de documentación suelen proliferar un conjunto de buenas intenciones o, lo que es peor, escribir aquellas cosas que el juzgador espera oír porque todos saben que el papel lo aguanta todo. La realidad, tiempo después, pone las cosas en su sitio, pero los ganadores ya tienen su licencia y la administración no está normalmente dispuesta a exigir el cumplimiento cabal de las obligaciones a las que se comprometieron.

Les invito a leer en los pliegos de condiciones del concurso, si es que logran bajarlos por Internet de las páginas del Gobierno de Canarias en el tiempo que dura una vida y sin que les aparezca el cartel de “momentáneamente fuera de servicio, perdone las molestias, inténtelo más tarde”. Todo un ejemplo práctico de cómo quien debe dar ejemplo aplica las nuevas tecnologías y de cómo desesperar al ciudadano que pretende informarse, de éste o de cualquier otro concurso. Como diría el torero, si espera buscar información en las páginas Web del Gobierno, ¡que Dios reparta suerte!

Se valora con un máximo de 25 puntos el programa de inversiones. Hasta 60 puntos si se dice en la papela, luego se hará o no, que “el proyecto tendrá incidencia en el sector de producción audiovisual independiente”, canario supongo que querrá decir. Con 70 puntos adicionales si usted dice que fomentará nuestros valores y nuestra cultura. Y la joya, con 100 puntos: “principalmente se valorará la oferta que incluya un mayor tiempo de espacios informativos y de actualidad relacionados con el ámbito territorial de las diferentes demarcaciones. Se valorará el compromiso de estimular, con programas adecuados, la participación ciudadana en la vida política, así como la formación de una opinión equilibrada de los ciudadanos”. Y así se puede seguir, entre asombrado e indignado, ante la plasmación de tanta subjetividad a la hora de baremar a los concursantes. Aunque bien pensado, quizás se trate precisamente de eso, de un concurso en el que se sortean las licencias.

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