Internet libre

Muy interesante el debate político que está teniendo lugar en España en torno a la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI) y, de manera específica, sobre quién recaerá la potestad de cerrar páginas web. Recientemente ha saltado a los medios de comunicación la decisión del PSOE de mantener su criterio de que sea la Administración pública quien ostente tal privilegio (además de forma cautelar, es decir que primero te la cierran y luego tienes que recurrir en un proceso que puede durar años), descartando la reivindicación de prácticamente todos los sectores implicados en Internet de que se mantenga el criterio actual de que esta función recaiga exclusivamente sobre el estamento judicial.

La cuestión no es, en absoluto, baladí, pues de ella dependerá que en el ámbito español, Internet siga inmersa en los cauces de mayor o menor libertad que actualmente la caracteriza o pasemos a un sistema de tutela política más propio de épocas pretéritas, con el consiguiente riesgo de una censura ideológica o política contraria no sólo a una democracia madura, sino también a la Constitución.

El debate ha sido recogido en la blogosfera por Antonio Delgado, con un oportuno post de continua actualización en el que va exponiendo diversos criterios en torno a esta polémica. Básicamente, tres son las opciones:

a) Mantener el criterio actual:

“Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial”.

b) Trasladar la potestad directamente a la Administración pública.

c) El sistema ‘mixto’ que recoge el último borrador de la LISI (PDF):

“3.- En la adopción y cumplimiento de las medidas a que se refieren los apartados anteriores, se respetarán, en todo caso, las garantías, normas y procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico para proteger los derechos a la intimidad personal y familiar, a la protección de los datos personales, a la libertad de expresión o a la libertad de información, cuando estos pudieran resultar afectados.

En todos los casos en que la Constitución, las normas reguladoras de los respectivos derechos y libertades o las que resulten aplicables a las diferentes materias atribuyan competencia a los órganos jurisdiccionales para intervenir en el ejercicio de actividades o derechos sólo la autoridad judicial competente podrá adoptar las medidas previstas en este artículo”.

En coincidencia con los criterios de la Asociación de Internautas, de la Asociación de Usuarios de Internet y del propio Antonio, mi posición al respecto es que las variaciones contempladas en los puntos b) y c) son del todo injustas y reaccionarias. La puerta abierta que deja la opción c) parece más un subterfugio o caramelo envenenado que una verdadera garantía del derecho consitucional, además completamente inncesaria tanto en cuanto con la legislación actual (punto a) ), esos derechos fundamentales ya se encuentran amplia, democrática y convenientemente garantizados.

La importancia de este debate es tal que extraño una mayor presencia del mismo en la blogosfera, quizás uno de los ámbitos que más puede verse afectado por lo que finalmente se decida. Recordamos que por Administración pública se entiende tanto cualquier organismo gubernamental como los de diputaciones, cabildos o ayuntamientos y que, si a esto le unimos que la LISI recoge que la Administración podrá declinar esta responsabilidad en un “órgano competente”, la lista puede ampliarse a colectivos u organismos particulares tipo SGAE.

¿Te imaginas que tu bitácora estuviera sometida al control de un Ayuntamiento o de una organización particular habilitada para tal por el Gobierno? Creo que es una cuestión suficientemente importante como para declarar la alerta y comenzar a hacer oír nuestra voz.

Share