La explicación que ofreció Doña Magdalena Álvarez, Ministra de Fomento, para justificar el revocamiento de la licencia de operador aéreo de Air Madrid, a mi modesto entender, es altamente confusa, escrito así para ser generoso y caritativo en la calificación, estamos en Navidad, laica nos cuentan, pero navidad al fin y al cabo. Es necesario leer las trascripciones publicadas en medios escritos, en papel o Internet, para estar seguro de las cosas inauditas que se pudieron oír en los telediarios. Esas declaraciones y actuaciones previas de la administración, no sólo no han solucionado el grave perjuicio para tantas miles de personas que no pueden viajar en estas fechas tan señaladas, sino, lo que es peor, han creado nuevos conflictos, sobrepuestos al principal, que deberán resolver los tribunales de justicia algún decenio de estos.

El penúltimo sainete comenzó cuando el secretario general de Transportes, Fernando Palao, dijo en Barajas que la compañía no podrá volar hasta que “arregle los problemas que tiene, entre ellos de seguridad”. Ante tamaña obviedad, más propia de una arenga partidista que de una intervención inteligente esperada de las autoridades públicas ante un problema de esta magnitud, la propia ministra Magdalena Álvarez, en un sostenella y no enmendalla, afirma que “para el Gobierno la seguridad es una prioridad y todos los aviones que volaron cumplían con las condiciones de aero navegabilidad”, ¡faltaría más!, añadiría cualquier persona con sentido común. Tenía, además que decir eso cuando, según Air Madrid, “en un oficio de fecha 18 de mayo de 2006 la propia Dirección General de Aviación Civil, había manifestado en escrito dirigido a nuestra compañía que no se había encontrado absolutamente ninguna discrepancia durante las Auditorias realizadas según el Programa de Vigilancia Continuada a Air Madrid”.

Lo que sí resulta inaudito en un estado de derecho es la actuación del Ministerio de Fomento en esta larga crisis. En primer lugar, y con palabras del comunicado emitido por Air Madrid, ganándole por la mano al Ministerio y dejándolo con las vergüenzas al aire por la forma insólita de gestionar el problema, “con olvido absoluto del deber de confidencialidad de las actuaciones administrativas”. Esta es una forma muy discutible de actuar, que se está haciendo costumbre en los últimos años y en las últimas semanas, más propia de una madre o un padre advirtiendo a un hijo o hija (utilizando el lenguaje políticamente correcto aunque sea desconociendo la gramática española), ¡si no te portas bien, no jugarás con el ordenador!

A mi entender, la administración no puede, mejor dicho no debiera, haber escrito el día 11 de diciembre una Nota de Prensa comunicando la posible decisión de suspender la licencia de Air Madrid. Menos aún no es comprensible que la misma autoridad aeronáutica repartiera octavillas en ese sentido entre los pasajeros de Air Madrid, en el Aeropuerto de Madrid-Barajas. Una de las consecuencias de esas indiscreciones fue que IATA retuvo a Air Madrid 7 millones de euros de los billetes vendidos, lo que precipitó la decisión de la compañía de suspender operaciones antes de que se lo ordenaran. Las autoridades no amagan, actúan cuando en derecho procede. Lo contrario es crear alarma y un torticero intento de trasladar a otros sus responsabilidades. En lenguaje bíblico, lavarse las manos como Poncio Pilatos tratando de ocultar su propia ineptitud sin ver el rastro de sangre que deja en la palanganita. Y aquí tampoco vale el principio marxista de que las arbitrariedades y la vulneración de los derechos particulares se justifican posteriormente por el resultado obtenido. Que se lo digan si no a tantos delincuentes, presuntos, que se han visto libres porque la policía no siguió no sé qué procedimientos.

No obstante, aún es pronto para conocer exactamente todas las partes que han intervenido en este conflicto y los intereses ajenos a los de los pasajeros que están en juego. ¿Hay algo detrás del ‘generoso’ y prematuro ofrecimiento de Vueling, la nueva compañía de bajo coste catalana, para transportar a perjudicados en aquellas líneas coincidentes con sus destinos? Y también, por ejemplo, ¿ha habido presiones de algún fabricante de aviones europeo sobre el Gobierno de España? En los próximos días tal vez se hable fuera de los círculos especializados de algunos problemas que, al parecer y por reiteradas paradas de motor, le estaban causando las autoridades aeronáuticas de los EEUU al Consorcio Airbus al intentar ampliar la certificación para realizar operaciones ETOPS, (actualmente se permite alejarse sólo 180 minutos de un aeropuerto), a toda la gama de sus modelos A3XX, es decir aumentar el radio de acción en el vuelo trasatlántico con aparatos dos motores en vez de hacerlo con aviones equipados con cuatro cuando el viaje sobrepase ese límite temporal. No es una cuestión de capricho ni de favorecer a Boeing, como algún desinformado ha sugerido, sino de seguridad de las personas.

A juzgar por lo leído y oído, tal vez la Ministra Álvarez ha utilizado un viejo ardid semántico: utilizar ambiguamente la palabra seguridad, que permite a la vez afirmar algo y lo contrario. Una cosa es que los aparatos vuelen con todas las garantías técnicas, seguridad técnica de ingeniería aeronáutica se llamaría, y otra bien distinta es la seguridad jurídica o la garantía de que un pasajero con billete pueda volar en el tiempo y condiciones contratadas. ¿Estamos seguros de qué clase de seguridad hablaba la ministra? Se admiten apuestas.

Share