En estos días pueden leerse y oírse en tertulias mediáticas y de café cosas muy peculiares sobre el asunto de la prisión atenuada, excarcelación en la práctica, concedida a De Juana Chaos. Algunos afirman que las dos alternativas propuestas por el Tribunal eran prisión atenuada en su casa, o cárcel pura y dura aunque estuviera en un hospital penitenciario. Pero si no estoy equivocado, en la sentencia se establecieron los hechos y se fijó el tiempo de condena, pero no la forma de cumplirla ni dónde. Es posteriormente el Gobierno, y no la justicia, quien concreta su situación penitenciaria. Por eso precisamente afirma Rubalcaba que la excarcelación es una decisión “exclusivamente” suya, y lo dice sin ruborizarse, o al menos no se le nota tras la barba que lo oculta. La decisión tuvo que ser, obviamente, tomada de antemano colegiadamente por el Gobierno en uso de sus atribuciones legales. Sólo hacía falta instrumentarla normativamente, que no en justicia necesariamente, pues para desgracia de los ciudadanos, Justicia y Derecho son cosas disjuntas cuando no antitéticas. Tal vez por eso puede leerse en la prensa algunas encuestas afirmando que dos de cada tres personas rechazan la excarcelación (por no conocer la ficha técnica de la encuesta es técnicamente aventurado juzgar ahora su fiabilidad).

La inmensa mayoría de las personas afirman que les produce repugnancia el comportamiento de De Juana, pero que sin embargo debemos acatar la sentencia y admitir las opiniones gubernamentales sobre las consecuencias que se derivarían de la forma de aplicarla de una u otra forma. Los ciudadanos tenemos la obligación legal de admitir las sentencias judiciales por imperativo de haber aceptado democráticamente que fueran el Poder Judicial y el Imperio de la Ley, dos pilares básicos de un Estado de Derecho. Pero ningún Poder puede violentar tanto las conciencias que obligue a acatarlas, en el sentido de la 1ª acepción del DRAE de “tributar homenaje de sumisión y respeto”, aunque estemos obligados a hacerlo en el sentido de la 2ª acepción: “aceptar con sumisión una autoridad o unas normas legales, una orden, etc.”.

También creo que es un claro sofisma afirmar que el Estado estaría aplicando la pena de muerte si este asesino falleciera en prisión. Esa supuesta derivada de la sentencia no la ha impuesto el Tribunal, ni siquiera las Instituciones Penitenciarias existentes en nuestro estado democrático, por lo que no cabe hablar de ‘pena o condena’ con rigor intelectual. Cosa distinta es que el propio reo se la auto imponga, como expresión de un chantaje. No es extraño que algunas personas privadas de libertad, por el motivo que fuere, entren en profundas depresiones e incluso se suiciden en prisión y ¿puede decirse por eso que también han sido condenados a pena de muerte por el Estado? Por este motivo creo que no cabe invocar el abolicionismo en el caso de De Juana, que claramente es una situación de chantaje puro y duro, tan poco comparable con las huelgas que emprendió Gandhi para lograr sus objetivos políticos.

Ni en este, ni en ningún otro caso, el mecanismo para la disminución del tiempo de condena debiera ser de aplicación mecánica, como se insinúa sibilínamente, sino que requiere unos condicionantes previos. Las penas impuestas por los tribunales a un delincuente tienen una función social ejemplarizante además de la obvia de castigo por las acciones del delincuente. Pero la misericordia y la redención, del tipo que sea, exigen que el condenado reconozca y abomine de sus delitos. En caso contrario, debe pagar íntegra su deuda con la sociedad. Por eso, para intentar escudriñar la sinceridad del arrepentimiento y las intenciones del preso existe la Junta de Evaluación oportuna. Y si el propio reo no se arrepiente e incluso hace apología del terrorismo, como es el caso, ¿qué lógica sensata puede llevar a la excarcelación antes de que cumpla la condena? ¿Por qué no se utiliza la misma lógica que se aplica a los violadores no arrepentidos para impedir su excarcelación? ¿O es que se admite inconscientemente que es peor violar a una mujer que asesinar con bombas o con tiros en la nuca a personas inocentes?

Y para opinar sobre se es correcta o incorrecta la decisión de excarcelar a este asesino, desde el punto de vista ético y moral, distinto del campo jurídico, no es preciso militar en ningún partido político, basta con ser un ciudadano libre pensador. Y mucho menos aceptable es el insulto a la inteligencia que supone clasificar como de derechas, o de ultra derecha, a los que opinan que esta decisión de Zapatero y su Gobierno no es correcta, caso por ejemplo de Rosa Díez, eurodiputada vasca socialista y amenazada de muerte. Tampoco es racional catalogar como de izquierdas, y ¿por qué no? de ultra izquierda, además de defensores de los Derechos Humanos a los que optan por dejar a De Juana en su casa. ¿A qué obedece esa obsesión de dividir y clasificar a las personas por no pensar como algunos quisieran?

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