“Así, quedarán derogados del código penal los delitos de calumnia, difamación e injurias, desapareciendo el riesgo de que los periodistas puedan ser encarcelados por sus críticas o reportajes.

Sin embargo, en caso de que alguna persona se sienta agraviada por alguna publicación, podrá hacer valer su derecho a través de un juicio civil para la reparación del daño moral, y en caso de comprobarse una falta, sólo se aplicaría una sanción administrativa”.

100 senadores mexicanos han votado a favor de la medida, que ha quedado finalmente aprobada. Una decisión que libera al periodismo y cualquier otro agente comunicador, incluidos supongo los ciudadanos de a pie, de esta losa que pesa sobre la libertad de expresión bien entendida. Ahora bien, ¿son suficientes la vía civil y una sanción administrativa cuando el insulto, la difamación o la mentira son evidentes y el daño, irreparable?

El delito en cuestión ha sido una de las mayores cortapisas no sólo para la libre expresión en el ámbito de los medios de comunicación, sino también a nivel particular, y la historia está llena de episodios que demuestran su utilización como excusa para acallar voces molestas o disidentes. Sin embargo, también ha servido de freno a ciertos desmanes que, lejos de buscar la libre circulación de ideas, tenían como objetivo el ataque contra determinada persona o grupos de personas.

Como siempre, la clave estaba en la interpretación que la Justicia hiciese de cada caso en particular. Y, desgraciadamente, la historia demuestra que en la mayor parte de las ocasiones la balanza se ha inclinado a favor de las posturas censoras. Así, que con todos los reparos que el debate merece, a priori le veo más ventajas a esta decisión del Senado de México que al sostenimiento de un delito tan subjetivo como del que hablamos.

Vía: Alt1040

Share