En esta ocasión la SGAE ha chocado frontalmente contra el propietario de un videoclub que se negaba a pagar los 857.91 euros que le reclamaba la sociedad, y contra un juez que no ha visto el asunto demasiado claro, es decir que lo ha visto bastante oscuro:
“No se ha probado que la importancia de la contribución de los autores representados por la SGAE a las obras audiovisuales se haya incrementado, que el importe fijado en las tarifas se adecúe a los establecidos en otros países de nuestro entorno por la misma prestación, que constituya una prestación equilibrada en función de los intereses de las partes implicadas o cualquier otro parámetro en base al cual podamos determinar que la remuneración exigida por la SGAE en base a sus tarifas constituye una remuneración equitativa y no excesiva a los autores de obras musicales incorporadas a las audiovisuales que son alquiladas (…) La equidad o justicia de la remuneración reclamada es un hecho discutido que, tras la prueba practicada, permanece dudoso, por lo que, como dispone el art. 217.1 LEC procede la desestimación de la pretensión”.
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