La situación en el Cabildo de Gran Canaria tras las últimas elecciones locales es la siguiente:

  • Partido Popular (PP): 12 consejeros
  • Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 12 consejeros
  • Nueva Canarias (NC): 4 consejeros
  • Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (CC-PNC): 1 consejero

La Ley Electoral establece que el candidato número 1 de la lista más votada se convierte automáticamente en presidente de la Corporación, en este caso José Manuel Soria, ya que, aunque PP y PSOE están empatados en número de consejeros, aquél aventaja a éste en 3.735 votos. Sin embargo, desde la misma noche electoral, PSOE y NC anunciaban que no tardarían un instante, tras el acto de constitución, en presentar una moción de censura que diera la presidencia a José Miguel Pérez (PSOE) y la vicepresidencia a Román Rodríguez (NC), relegando a Soria (presidente los últimos cuatro años) y al PP a la oposición. Curiosamente, mientras se rasgan las vestiduras por el pacto PP-CC en el Gobierno de Canarias (en detrimento de Juan Fernando López Aguilar, candidatura más votada), el PSOE y NC no tienen reparos en hacer lo mismo y en tener ya repartidos los espacios de poder dentro de la institución insular.

Todo parece, pues, dispuesto para el cambio de tendencia: el pacto PSOE-NC supone la mayoría absoluta… Todo, menos una lectura pausada de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que abre las puertas a un ejercicio de ‘ingeniería política’ que, de llevarse a cabo, podría convertirse en materia de estudio en las facultades de todo el planeta. Comenzó como rumor, pero en los ámbitos políticos de Canarias ya casi nadie duda de que se llevará a efecto.

La Ley Orgánica de Régimen Electoral General establece en su Título IV (Disposiciones especiales para la elección de cabildos insulares canarios) los siguientes puntos relevantes para el caso que nos ocupa:

5. Será Presidente del Cabildo insular el candidato primero de la lista más votada en la circunscripción insular.

7. El Presidente del Cabildo Insular puede ser destituido de su cargo mediante moción de censura, que se desarrollará conforme a lo previsto en el artículo 197. Puede ser candidato al cargo de Presidente cualquiera de los consejeros insulares que encabecen las listas de los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones electorales en la circunscripción.

Si echamos un vistazo al artículo 197, que rige el desarrollo de las mociones de censura también en el Cabildo, como ha quedado claro en la cita anterior, aunque se refiera textualmente a los ayuntamientos, nos encontramos con estos puntos relevantes (donde se dice ‘alcalde’, ‘alcaldía’, ‘concejal’ o ‘ayuntamiento’, hay que leer ‘presidente’, ‘presidencia’, ‘consejero’ y ‘cabildo’):

1. 3. El documento así diligenciado se presentará en el Registro General de la Corporación por cualquiera de los firmantes de la moción, quedando el Pleno automáticamente convocado para las doce horas del décimo día hábil siguiente al de su registro. El Secretario de la Corporación deberá remitir notificación indicativa de tal circunstancia a todos los miembros de la misma en el plazo máximo de un día, a contar desde la presentación del documento en el Registro, a los efectos de su asistencia a la sesión, especificando la fecha y hora de la misma.

2. Ningún concejal puede firmar durante su mandato más de una moción de censura. A dichos efectos no se tomarán en consideración aquellas mociones que no hubiesen sido tramitadas por no reunir los requisitos previstos en la letra b) del apartado 1 de este artículo.

3. La dimisión sobrevenida del Alcalde no suspenderá la tramitación y votación de la moción de censura.

Y aquí es donde se pone en marcha el enrevesado mecanismo que, con la Ley en la mano, podría mantener al PP en el gobierno insular:

a) Se constituye la Corporación (en principio, la fecha es mañana, viernes 22 de junio).

b) En cualquier momento, PSOE y NC pueden formalizar su moción de censura.

c) Tal y como establece la Ley, ésta deberá estar firmada por todos los consejeros que la secunden. En este caso, todos, ya que sólo la suma global propicia la mayoría absoluta necesaria para hacer que prospere la moción de censura.

d) Soria tiene diez días de margen, en el transcurso de los cuales puede dimitir en cualquier momento.

e) La presidencia recaería inmediatamente en Larry Álvarez, segundo en la lista del PP. ¡Pero la moción de censura seguiría siendo contra Soria! (Se presenta conta el presidente, no contra el partido).

f) Al no ser ya Soria el presidente, el pleno de censura quedaría en nada.

g) Los actuales consejeros de PSOE y NC no podrían firmar una nueva censura, ya que la Ley lo prohíbe.

h) Para ello tendrían que dimitir todos sus consejeros y convertirse en tales los siguientes de sus respectivas listas, con lo cual efectivamente Soria dejaría de ser presidente del Cabildo, pero vendería su derrota muy cara: bien asegurando el gobierno del PP, bien forzando la salida de los líderes de PSOE y NC del Cabildo.

i) Si se produjera lo descrito en el punto anterior (dimisión de consejeros de PSOE y NC, y corrimiento de listas), nada impediría que Larry Álvarez realizase la misma jugada ante una nueva moción de censura.

j) Jaque mate.

(Nota de interés: Soria tiene en sus manos la vicepresidencia y la Conserjería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, merced a su pacto con CC. Puede asumirlas él mismo, con lo cual la dimisión en el Cabildo no le reportaría mayor problema, o designar a sus titulares).

Esto es lo que se mueve en los círculos políticos locales, y hasta ahora no he encontrado ninguna laguna en el planteamiento, aunque no descarto que pueda haberla. El papel del consejero de CC-PNC, Manuel Lobo, sería, salvo mayúscula sorpresa, el de apoyo al PP o abstención. En ningún caso se prevé un apoyo a la moción de censura.

Desconozco igualmente si este tipo de operación se ha producido ya en la historia de la democracia en algún ayuntamiento español, ya que, repito, la ley es la misma en la materia que tratamos para ayuntamientos y cabildos. De no haber precedente, con todo lo que ha llovido en las corporaciones locales españolas en las últimas tres décadas, sería sorprendente y abriría las puertas a la consideración de que o bien nadie ha caído en la cuenta de este subterfugio legal hasta la fecha, o bien hay algún tipo de impedimento para llevarla a cabo. Y eso es justo lo que nos gustaría conocer.

Por lo pronto, el Pleno del Cabildo grancanario se ha transmutado en un interesante tablero de ajedrez, en el que tanto PP como PSOE y NC deberán estar muy atentos a la hora de mover ficha. Cualquier descuido o mala interpretación de las reglas por cualquiera de las parte puede resultar fatal.

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