La SGAE y otras cinco organizaciones afines (SGAE, FAP, PROMUSICAE, EGEDA, AIE y AGEDI) no se resignan a que la Ley de Impulso para la Sociedad de la Información (LISI) mantenga el control del derecho de autor y de la actividad en Internet en el terreno de la Justicia, como resulta preceptivo en cualquier Estado de Derecho. Ya dijimos en su momento, cuando fue rechazada por la Comisión de Subsecretarios la posibilidad de que instituciones particulares como éstas ejerciesen de ‘comisarios’ de la Red, que la batalla no había hecho más que comenzar y que, una vez pasadas las elecciones, volveríamos a las andadas. Ni siquiera ha bastado en esta ocasión que el propio ministro Clos haya advertido claramente que aquellos que estamos “en el bando de los que promovemos la libertad” no íbamos a tolerar semejante tropelía: la SGAE y sus acólitos vuelven a la carga con un nuevo paquete de enmiendas que propugnan su papel de censor activo allí donde entiendan que existe una vulneración de los derechos de autor.

Las enmiendas no tienen desperdicio (PDF), pero para que te hagas una pequeña idea, te adelanto el intento de trastocar la delimitación del ‘conocimiento efectivo’ de un presunto delito. Hasta ahora, el ‘conocimiento efectivo‘ se refiere a eso mismo, a ser consciente de forma efectiva de que existe un delito: es decir, que un juez haya condenado una determinada actividad en una web concreta y se pueda demostrar que el presunto ‘delincuente’ conocía esa sentencia. La SGAE quiere cambiar este concepto tan sensato por este otro:

“Se entenderá que el prestador de Servicios tiene el conocimiento efectivo a que se refiere el apartado a) cuando el perjudicado por la actividad ilícita o el titular de los bienes o derechos lesionados le comunique fehacientemente y por cualquiera de los medios reconocidos en Derecho la ilicitud de los datos o contenidos, sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y otros medios de conocimiento efectivo que puedan establecerse”.

Vamos, que bastaría que la SGAE comunique que una web atenta contra los derechos de autor para que ésta sea declarada ‘ilícita’ y, por tanto, dé pie al ‘conocimiento efectivo’ de su ‘ilegalidad’. El razonamiento es aún más grotesco que la propuesta:

“La LSSI ha definido de modo explícito cómo ha de interpretarse el conocimiento efectivo, limitándolo a que un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos. Dicha limitación excede lo contemplado por la Directiva que en ningún caso circunscribe la existencia de dicho conocimiento a que emane de un órgano competente”. Ni el Considerando 46 ni el artículo 14 de la Directiva precisan en ningún caso que haya de ser un Órgano competente quien declare la ilicitud de los datos o acuerde su retirada, y además en la práctica se ha demostrado que esta previsión carece de eficacia, pues todos conocemos la lentitud con la que se desarrollan los procedimientos judiciales, lo que lleva a que el “conocimiento efectivo” se dé en contadas ocasiones, con la consiguiente proliferación de las actividades ilícitas en la red”.

Increíble: como la directiva europea no señala expresamente que ha de ser un órgano competente (judicial) el que determine la ‘ilicitud’ de una actividad, suponemos que por la obviedad que eso representa (las directivas no definen palabra por palabra lo que siglos de leyes se han encargado ya de establecer), pues, nada, eso quiere decir que hasta nosotros podemos determinar quién delinque y quién no. Como esos rancheros poderosos del Oeste que pasaban por encima de jueces y ‘sheriffs’ y gritaban a los pobres aldeanos: “Yo soy la Ley”. De traca.

Pues, eso, que toca estar alertas otra vez.

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