Tanto se ha escrito y se ha argumentado en contra del llamado Canon Digital, muy poco a su favor, dicho sea así como de pasada, que es difícil encontrar algo nuevo que aportar a esta discusión y por eso no voy ni a intentarlo. Sin la menor duda se continuará escribiendo, se seguirá argumentando e incluso es muy probable que a algunos ciudadanos este feo asunto les sirva de gota que colma el vaso para votar en un sentido o en otro en las próximas elecciones generales. Que es un asunto socialmente sensible, sobre todo para aquellos que usan las nuevas tecnologías de la Sociedad de la Información a la que aspiramos a incorporarnos como usuarios de pleno uso y disfrute, lo demuestra el hecho cierto de que el manifiesto de la plataforma Todos contra el Canon ya lo han firmado al menos 1.380.000 personas y, aprovechando la carrerilla, desde estas líneas le invito a usted a suscribirlo si aún no lo ha hecho. El manifiesto y, sobre todo, los motivos por los que muchos ya nos hemos decantado a su favor los pueden encontrar en la página Web www.todoscontraelcanon.es.

A pesar del riesgo de ser reiterativo y de recaer en argumentos ya de sobra conocidos, me permito incidir en algunos aspectos dado que el próximo jueves, 20 de diciembre, el Congreso de los Diputados deberá votar la enmienda de la LPI, rebotada del Senado, por la que se rechaza ese Canon, que muchos consideramos profundamente injusto. Si la enmienda fuera desestimada, en apoyo a las tesis del PSOE, tendremos que soportar el ver cómo una empresa privada puede imponer y cobrar una tasa indiscriminadamente a todos los usuarios, por si en alguna ocasión se nos ocurriera copiar una obra supuestamente protegida. De otro modo, es la oficialización de la presunción de culpabilidad: le cobran por si acaso “delinque”.

Este disparate apuntalaría financieramente a las Sociedades de Gestión de Derechos de Autor, cuyos intereses corporativos no tienen por qué coincidir forzosamente con la defensa de todos los autores. En otras palabras, se permitiría por ley y consecuentemente perseguible su infracción por la justicia, el que una empresa privada cobrara un impuesto (¿revolucionario o por el pago de servicios políticos prestados?) por si en algún momento copiáramos algo que devengara derechos y que tal vez, no forzosamente, su autor les hubiera encomendado su cobro a esa empresa de gestión, repito, privada. ¿Que cree usted, con muy buen criterio, que es imposible en la España de hoy el que una empresa privada le cobre a usted por un CD o DVD virgen, sin grabar, o por comprarse un teléfono móvil, un MP3, una fotocopiadora o una impresora para su ordenador, etc.? Pues, llorando juntos, le diré que no sólo es posible sino que si el próximo jueves no les entra a sus señorías un ataque de sentido común y sus partidos les permiten votar en conciencia y no disciplinadamente, este disparate pasará a ser ley.

Aunque supongo conocido, o al menos muy fácil de conocer, el manifiesto de Todos contra el Canon, me permito “cortar y pegar” un par de puntos que sintetizan los argumentos en contra. En el capítulo inicial, de exposición de motivos, el apartado tercero: “En concreto, estas organizaciones manifiestan el rechazo a gravar los soportes, los equipos o redes y la tecnología en general con cánones, cuyos beneficiarios sean un sector económico o una actividad de intermediación específicos. Contraviene al interés general, ya que ello conlleva que cualquier colectivo ó sector que se vea afectado por un cambio tecnológico pueda reclamar un canon similar sobre la tecnología que ha provocado este cambio, e impide el desarrollo de nuevos modelos de negocio”.

En relación con las solicitudes expresadas en el manifiesto, se entresacan las siguientes: “3º) Que la recaudación del canon como compensación del perjuicio que sufren los autores cada vez que se copia su obra se realice exclusivamente por aquellos que adquieren este derecho, gravando únicamente la venta al público de sus obras. De esta forma paga el canon quien adquiere el derecho y lo percibe directamente el autor o el propietario del la obra que se comercializa”. “4.6) Que se exima de su pago a todos aquellas organizaciones Administrativas, Asociaciones, ONGs y colectivos así como empresarios y autónomos que no hacen uso de los soportes y equipos para almacenar contenidos con derechos de autor”. “4.7) Que la recaudación de ese Canon se realice y distribuya por la propia Administración para: 4.7.1) Garantizar la transparencia, el cobro y el posterior reparto a sus destinatarios, 4.7.2) Garantizar las labores de inspección de libros y contabilidad que actualmente tienen facultadas las Sociedades de Gestión de Derechos de Autor a los sujetos obligados de repercutir dichos cánones”.

En la citada Web, puede leerse: “Según los estudios de la propia SGAE los artistas tan solo cobran un promedio del 6% por cada CD vendido, siendo el porcentaje restante para las entidades de gestión de derechos y discográficas”. Interesante aspecto redistributivo.

Lo que piensa el PSOE de este Canon ya lo ha manifestado en votaciones anteriores, lo mismo que el PP. Las señorías de estos partidos votan siguiendo las directrices de sus dirigentes apoltronados en Ferraz y Génova, no siempre en sintonía con lo que puedan pensar sus bases. Pero lo que parece ser la pregunta del eurificado millón para algunos canarios es lo que harán el jueves en el Parlamento lo que queda de CC y la fracción de Nueva Canaria en el Congreso de los Di(s)putados. ¿A cuanto estará valorado esta vez el voto en el zoco del mercadeo al por menor del interés político?

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