Dentro de la sinrazón galopante que impera en la Administración, y el cada vez menos disimulado apoyo de las instituciones del Estado a sociedades particulares como la SGAE en detrimento de los derechos constitucionales del ciudadano, llego a una noticia en abc.es que me deja estupefacto (y mira que mi capacidad de sorpresa en estos asuntos está ya bastante mermada): la Agencia de Protección de Datos (APD) ha decidido archivar la demanda de Consudato contra la SGAE por violación de la intimidad al grabar una boda celebrada en un salón privado porque “el derecho a la intimidad no es absoluto, como no lo es ninguno de los derechos fundamentales, pudiendo ceder ante intereses constitucionalmente relevantes, siempre que el recorte que aquél haya de experimentar se revele como necesario para lograr el fin legítimo previsto”.

Sí, nos referimos al caso que comentábamos hace cosa de mes y medio, en el que…

“La Agencia Española de Protección de Datos ha iniciado un procedimiento sancionador contra la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) por grabar sin permiso una boda y aportar el vídeo a un juicio por derechos de autor, lo que puede acarrearle una multa de hasta 300.500 euros”.

La argumentación es tan siniestra y peligrosa que, de hecho, nos hace sentir realmente indefensos ante la irrupción en nuestra intimidad de aquel que le venga en gana, siempre y cuando maneje la cuota de poder suficiente como para merecer la complicidad del Estado. La Agención de Protección nos desprotege de un derecho fundamental y se queda tan tranquila, echando mano de “intereses constitucionalmente relevantes”. ¿Intereses constitucionalmente relevantes? ¿A cualo? ¿Grabar a un pobre matrimonio en uno de los actos más íntimos de su vida? ¿Grabar una boda para cobrar por escuchar música es un interés constitucionalmente relevante que puede pasar por encima del derecho a la privacidad?

Ni de coña. Y no lo digo yo, sino el propio juez de la causa, que rechazó el vídeo de marras por haber sido obtenido de manera ilegal. Sí, ilegal. La decisión de la APD supone otro grave eslabón en la escalada de atentados contra la democracia, la libertad, la moral y, como queda visto, la propia Justicia en favor de colectivos particulares.

Así, pues, vaya usted con cuidado. Si escucha música en casa, cabe la posibilidad de que un detective de la SGAE le esté grabando y, desde luego, no dé por hecho que la tal Agencia de Protección de Datos vaya a salir en su defensa. ¿Allanando el camino para el ‘modelo Sarkozy‘? Al menos, nos quedan los tribunales, el Supremo y el Constitucional.

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