¿Deben las autoridades informar puntualmente de los hechos y actuaciones o deben, por el contrario guardar, un estricto silencio a pesar de que cunda la arma social? En ‘Los silencios‘, mi artículo de este lunes en ‘Canarias7’ soy contundente a favor de la primera opción. La ciudadanía tiene derecho a estar informada de cuanto ocurre, exceptuando los detalles y pistas que puedan poner en peligro la investigación o a personas determinadas. Si todo permanece en el plano de la confidencialidad, estupendo, pero cuando éste se traspasa e incide en la opinión pública, callar no es sólo inútil, sino nocivo y contraproducente.

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