Inaudito. El Parlamento de Canarias reprobó ayer, nada menos que en formato de ‘rechazo’, la línea editorial del periódico tinerfeño ‘El Día’, en lo que constituye un acto sin precedentes, al menos que yo tenga constancia, en la joven historia de la democracia española o en la de cualquier otro país democrático del planeta. Y lo hace por:

los ataques a la unidad de los canarios y la dignidad de Gran Canaria y sus ciudadanos, así como a las ideas xenófobas y a la incitación a la subversión del orden constitucional que reiteradamente se defienden en el editorial del periódico ‘El Día”.


Quede claro, ya de entrada, que mi posición personal es completamente distante de la línea editorial del medio que dirige, en calidad de propietario y editor, José Rodríguez (aka don Pepito); más por disparatada, histriónica y grosera que por cualquier otra cosa, ya que sus planteamientos ‘ideológicos’ son, sencillamente, de traca. Pero la Constitución Española, en su artículo 20, consagra el derecho a la libertad de expresión en términos nada confusos:

  1. Se reconocen y protegen los derechos:
    1. A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
    2. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
    3. A la libertad de cátedra.
    4. A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La Ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.
  2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
  3. La Ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.
  4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las Leyes que lo desarrollan y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.
  5. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial”.

quedando meridianamente claro que cualquier exceso en el ejercicio de ese derecho fundamental debe ser dirimido vía judicial, y nunca por la vía política.

¿Qué hace, pues, todo un parlamento democrático condenando a un periódico? ¿Se imaginan algo similar en Euskadi o Catalunya con los medios independentistas? ¿No es más propio todo esto de dictaduras vergonzantes o repúblicas bananeras?

Para colmo de despropósitos, todo parece indicar que la condena es fruto de una rocambolesca componenda a iniciativa del PSOE que no contaba, a priori, con el apoyo del PP ni de Coalición Canaria, partido históricamente vinculado al periódico en cuestión y a quien debe agradecerle buena parte de su apoyo mediático en legislaturas anteriores. El Gobierno, dicen, anda rasgándose las vestiduras, por ahora en la intimidad.

Pero, además, resulta que ‘El Día’ es uno de los medios (en Canarias casi todos lo son) que reciben subvenciones del Gobierno autónomo y de los que han resultado beneficiarios en concursos como el reparto de los canales de TDT, sin que hasta el momento tengamos noticia de que se haya decidido actuar en ese sentido, tanto en cuanto dichas prebendas tienen como objetivo fomentar “la unidad entre los canarios”.

Así que estamos ante un periódico condenado por el Parlamento, no condenado por el Gobierno y subvencionado con las arcas autonómicas. En el primer caso, todo un atentado a la libertad de expresión, probablemente querellable por inconstitucional. En el segundo, una situación insostenible que requiere de una respuesta inmediata. Y, en el tercero, de confirmarse la reprobación, en una contradicción alarmante.

Todo un poema. Un triste poema en origen y desenlace que deja en evidencia la penosa deriva periodística y política de estas islas. Si lo de don Pepito es disparatado, lo del Parlamento lo es aún más.

Igual algún diputado tendría que haber echado mano de aquella célebre frase de Voltaire:

No estoy de acuerdo con lo que dice
pero daría mi vida por su derecho a expresarlo”.

Así pues, por mucho que disienta y desdeñe las tesis y las formas de los editoriales de ‘El Día’, mi obligación hoy, como blogger, periodista y demócrata, no puede ser otra que la de condenar esta extravagante y peligrosa condena.

Y, si a alguien le parece mal, ya puestos, que aproveche y me condene a mí también.

Share