La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha lanzado un comunicado en el que exige el trasvase de dinero público a las empresas del sector. Esta reivindicación se suma a la de la Federación Europea de Periodistas (FEP) y tiene a la Comisión Europea como blanco de sus peticiones, en concreto:

Que se comprometan en la adopción urgente de medidas para defender a las empresas periodísticas del acusado descenso de la publicidad”


Esto, que puede parecer, en principio, insólito, se justifica por parte de la FAPE en que

El periodismo es un puntal de la democracia europea y tiene tanto derecho o más a ser protegido que los bancos o las compañías automovilísticas que han recibido billones de euros”

Y no les falta razón, tienen exactamente el mismo derecho, es decir ninguno. Quienes sí tienen derecho son los más de 2.200 periodistas despedidos por esas mismas empresas antes y durante la crisis, y no precisamente por ésta, sino por factores derivados del pésimo modelo empresarial que ha dominado en el sector en las últimas décadas. En el mismo comunicado se enarbola sin rubor el número de parados en la profesión periodística durante los últimos 10 meses, y no precisamente para solicitar ayudas o fórmulas de reinserción para ellos, sino para exigir subvenciones a las empresas que los han despedido. Eso sí,

siempre que vengan condicionadas al mantenimiento de los puestos de trabajo de los periodistas”,

es decir no para mejorar las pésimas condiciones de los periodistas, sino para no seguir despidiéndolos. Algo, por otro lado, que ninguna subvención puede garantizar, porque si la gestión continúa siendo la de ahora, estimo que en apenas seis meses, el despido volverá a ser moneda habitual de cambio.

Como ciudadano y periodista estaría por solicitar dinero público para los más desprotegidos, es decir, los que se encuentran en el paro, sean periodistas o no. Pero si hay que inyectar dinero en las empresas periodísticas, exigiría la intervención del Estado en sus administraciones y el desarrollo de planes de viabilidad que permitan no sólo mantener los puestos de trabajo, sino aumentarlos, así como un exhaustivo control de las condiciones laborales de los empleados y de los medios a su disposición, única forma de garantizar la calidad del producto.

Y ya que la FAPE antepone a cualquier otra consideración el hecho de que

La democracia requiere una información fiable como un bien público. Esto implica que necesitamos gente y recursos para producirlo y ponerlo en circulación. El periodismo y sus profesionales deben ser protegidos y animados a desarrollarse”,

estoy convencido de que no pondrá ninguna objeción a esta propuesta.

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