El comité ITRE del Parlamento Europeo ha aprobado por una abrumadora mayoría de 40 frente a 4 la famosa enmienda 138/46, ésa que establece que sólo una autoridad judicial puede cerrar o restringir el acceso a una página web, salvo casos excepcionales que afecten a la seguridad pública, en los que, de cualquier forma, siempre debe exisitir mediación judicial posterior.

Recordemos que esta enmienda ha sido uno de los principales campos de batalla entre los que pretenden controlar la Red en su propio beneficio (léase industria musical y gestoras de derechos de autor, por ejemplo) y los defensores de la libertad en Internet. Los primeros quieren incluir la posibilidad de que las páginas puedan ser cerradas por un ‘órgano competente’ sin determinar, lo que abre las puertas a la intervención de gobiernos, partidos ayuntamientos e incluso la SGAE, por citar una de las entidades que se postularon, con la consiguiente cadena de abusos y desmanes que conlleva dejar estos asuntos en manos de organismos no judiciales, y no digamos ya particulares.

Ignasi Guardans, flamante director del Instituto del Cine en esta era González-Sinde y enemigo acérrimo de esta enmienda, llegó a preguntarse en su día sin rubor alguno: “¿Es que no va a ser posible dar un paso sin la intervención de un juez?”. Pues en materia que afecte a las libertades fundamentales, me temo mucho que no. Anda, vaya, y cuénteselo a la ministra.

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