Aunque las noticias en la mañana de ayer parecían confirmar que la Comisión de Subsecretarios había eliminado el polémico artículo 17 bis de la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI), ése que otorga a sociedades privadas como la SGAE la potestad de ejercer de juez y parte a la hora de cerrar una página web, noticias confirmadas en los medios comunicación y celebradas por los internautas convenientemente, lo cierto es que dos artículos posteriores me han devuelto la incertidumbre en torno a este espinoso asunto.

Por un lado, Luz Fernández en elpais.com advierte de la confusión que rodea a este polémico subterfugio legal y cita fuentes del Ministerio de Industria que no descartan, a pesar de lo dicho y publicado, su inclusión en el anteproyecto que estudiará el Consejo de Ministros bien hoy o bien dentro de una semana, extremo que tampoco se ha querido confirmar por parte de las fuentes gubernamentales.

Por el otro, hispanidad.tv asegura que el Gobierno ha decidido ignorar las “reticencias” de la Comisión de Subsecretarios y llevar el anteproyecto, tal como está, al Consejo de Ministros del próximo 20 de abril (aquí también se mojan en la fecha). Según esta web, ha sido Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta primera del Gobierno, la que se ha liado la manta de la SGAE a la cabeza y se ha propuesto sacar adelante la ley, caiga quien caiga.

De ser ciertas la afirmaciones vertidas en estos dos artículos, el asunto se presentaría de una gravedad extrema, pues tendríamos a un Gobierno que se salta a la torera consejos y comisiones, la debida transparencia informativa y el marco constitucional para sacar adelante una ley a la medida de un lobby que no representa ni el interés general de la ciudadanía ni el interés absoluto de aquellos a los que dice representar. Estaríamos, siempre que se confirmen estos extremos, ante un hecho inaudito que debe ser frenado y revisado de inmediato.

La Asociación de Internautas (AI) ya ha solicitado una reunión urgente del Consejo Asesor de Telecomunicaciones para exigir información y adoptar las medidas oportunas. Pero no es sólo la AI, sino toda la comunidad internauta la que debimos permanecer en alerta y llevar a cabo las acciones que procedan hasta desterrar definitivamente esta seria amenaza contra la Red, la pluralidad, la libertad de expresión y la misma democracia.