Tras unas semanas centrada casi en exclusiva en la denuncia del canon digital, la Asociación de Internautas (AI) afronta otro de los grandes ‘goles’ de la Lisi: el cierre de páginas web por parte de autoridades competentes al margen de los cauces jurídicos establecidos en la Ley. Según su interpretación, este ‘agujero’ legal afecta solamente a los contenidos comerciales y publicitarios. La asociación exige que la Lisi sea declarada inconstitucional y ha presentado esta solicitud ante el Defensor del Pueblo.

A continuación, un extracto:

“VI.- Las páginas web de actividades económicas, son enteramente publicidad. Internet es información y, la información comercial, relativa a una actividad económica, es PUBLICIDAD en el sentido de la Ley General de Publicidad: “Toda forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica, pública o privada, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, con el fin de promover de forma directa o indirecta la contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones”.

“VI.- Sólo los Tribunales tienen competencias para determinar la retirada de los contenidos publicitarios, ya sea dentro o fuera de Internet y ello con independencia de que las Administraciones Públicas, las personas jurídicas privadas y, las personas físicas afectadas, tengan legitimación para instar la acción de cesación”.

“VI.- El principio de “reserva de ley” obliga a que sea una Ley Orgánica la que delimite las restricciones de los derechos fundamentales y, cuando esto afecte directa o indirectamente a competencias exclusivas del poder judicial, será preceptivo el informe del Consejo General de Poder Judicial”.