compartir no es malo

Veo en Banda Ancha un interesante extracto del Informe Anual para 2009 (PDF) del Defensor del Pueblo referido al debate sobre derechos de autor en España. En él, esta autoridad creada para velar por el interés general se hace eco de la polémica en aspectos como el canon y la colisión del derecho consitucional al acceso a la cultura con “los derechos que corresponden al creador sobre su obra”, como si alguien hubiese puesto en duda este último aspecto, resolviendo mejor en el primero de los casos que en el segundo.

En el capítulo 19.5. ‘Propiedad intelectual y derechos de autor’, la entidad da cuenta de las quejas que recibe de uno y otro lado de la ‘frontera’ en esta interesante batalla que se dirime (consumidores, por un lado, e industria y gestoras derechos, por el otro), y señala lo siguiente:

1. Sobre el control

Por una parte, el Defensor del Pueblo se ha hecho eco de la preocupación por el insuficiente control de las actividades contrarias a la propiedad intelectual y a los derechos de autor, principalmente mediante el empleo de las tecnologías de la información”.

2. Canon

La Institución ha constatado el desacuerdo expresado por diversos colectivos a través de numerosas quejas con el modelo elegido de protección de los derechos de autor, especialmente por parte de los adquirentes y usuarios de soportes, materiales o equipos aptos para la reproducción de obras protegidas que no los destinan a este fin y, sin embargo, han de afrontar el pago final de la remuneración compensatoria, lo que ha dado lugar a que el Defensor del Pueblo haya reclamado el establecimiento reglamentario de un procedimiento eficaz para eximir de dicho pago a los supuestos en que ello esté justificado”.

3. Interés general vs interés particular

El derecho de acceso a la cultura que a todos reconoce la Constitución no puede oponerse al reconocimiento de los derechos que corresponden al creador sobre su obra. Y las libertades y derechos de producción y creación literaria, artística, científica y técnica sólo serán reales y efectivos si los derechos morales y patrimoniales de productores y creadores son respetados y defendidos. Buena parte de esa tarea de protección y defensa la encomienda nuestra legislación a las entidades de gestión de derechos de autor y sería deseable que su actividad no sólo obtuviese un grado de comprensión social suficiente, sino también el apoyo activo de las autoridades y los poderes públicos. La importancia de articular y gestionar un régimen adecuado de propiedad intelectual, que incentive la creación artística, literaria, científica y técnica hace necesario promover ese apoyo, manifestarlo expresamente desde la posición institucional que corresponde al Defensor del Pueblo y alentar a compartirlo a quienes ostenten responsabilidades en la vida social y cultural”.

4. El “sistema vigente”

Ello no obsta para dejar constancia aquí también de la reiteración ya mencionada de las quejas individuales y colectivas en este campo, reveladoras de un estado de opinión que podría justificar una reflexión serena sobre la regulación actual de los derechos de propiedad intelectual y los mecanismos de protección y gestión, en orden a introducir mejoras y modificaciones que favorezcan la aceptación social del sistema vigente”.

En primer lugar, me sorprende que el Defensor del Pueblo se decante abiertamente por la posición de la industria y las gestoras de derechos, indicando un “insuficiente control de las actividades contrarias a la propiedad intelectual” que debe existir sólo en su mente: la Justicia y la policía ya controlan suficientemente (incluso excediéndose esta última en algunos casos) los delitos contra la propiedad intelecutal. Lo que ocurre es que los ciudadanos españoles tenemos el derecho a compartir cultura siempre y cuando se haga sin ánimo de lucro y esto, aunque algunas veces se le olvide a la policía, lo tienen muy claro los jueces.

En el segundo punto, la autoridad se muestra mucho más sensata apostando por una revisión del ‘sistema canon’, en perfecta sintonía con la demanda de la sociedad.

Sin embargo, a continuación, y como decía al principio, insiste en pedir el reconocimiento de los derechos de los creadores sobre su obra y en el respeto y apoyo a las gestoras de derechos, incluso por encima del “derecho de acceso a la cultura que a todos reconoce la Constitución”. Inaudito. Por un lado, nadie cuestiona los derechos del creador sobre su obra, lo que se cuestionan son los derechos de los intermediarios a aprovecharse de ellas para lucrarse a costa, tanto del autor, como del consumidor. Es decir, que el Defensor del Pueblo habla de los derechos del creador, cuando en realidad está haciendo referencia a los derechos del intermediario, como si fueran una misma cosa. Y sobre esta falacia contruye toda una trama argumental indinga de un organismo que ha de velar siempre por el interés de la ciudadanía.

De nada vale que, al final, quiera “dejar constancia” de que la gente está que trina. Pues, visto lo visto, y con el objetivo expreso de favorecer “la aceptación social del sistema vigente”, no supone más que el ejercicio notarial de una realidad que está ahí y a la que es imposible darle la espalda, pero una realidad con la que se muestra muy poco sensible. ¿No cabría al menos una llamada de atención a industria y gestoras por intentar mantener un negocio caduco a costa de los creadores y criminalizando a la ciudadanía? ¿Qué tal una invitación al cambio de modelo de negocio? Por lo menos, digo.