PP vs P2P: ¿Qué hará el nuevo Gobierno con la 'Ley Sinde'?

Para aquellos que estamos inmersos en el debate sobre los cambios en el modelo de derechos de autor, resulta de interés analizar las posibilidades que brinda el nuevo gobierno surgido de las urnas en las pasadas elecciones generales del 20N. Y, en especial, por razones obvias, la actitud que tomará el partido que ha logrado mayoría absoluta, el Partido Popular (PP), respecto a este debate, que en la escena parlamentaria española se concreta en las propuestas de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) y la Disposición Final Cuadragésima Tercera de la Ley de Economía Sostenible, conocida también como ‘Ley Sinde‘.

Lo primero que hay que decir al respecto es que, de entrada, el panorama no se presenta nada halagüeño. En el tema que nos ocupa, el PP se ha movido siempre dentro de una ambigüedad, probablemente calculada, que le ha llevado a dar bandazos según su interés coyuntural.

Si bien nunca se ha mostrado abiertamente favorable a ese cambio de modelo, ni mucho menos al reconocimiento de la licitud del acceso a la cultura sin ánimo de lucro, sí ha abanderado, respondiendo a las exigencias de los sectores empresariales en liza, las críticas a la eliminación del canon digital o, al menos, de su sustitución por otro tipo de gravamen. Pero en la práctica, el PP ha estado siempre del lado del PSOE y del lobby de la industria cultural cuando ha hecho falta.

Dos son los elementos que nos mueven a pensar en una legislatura igual de dura que la anterior en este campo:

a) Esa ambigüedad ‘ideológica’ que siempre ha acabado en cierre de filas con los ‘talibán del copyright‘, y que tiene su expresión más reciente precisamente en el apoyo a la ‘Ley Sinde’ al final del pasado mandato.

b) Un programa electoral en el que señala claramente: “Reforzaremos el marco legal para la protección de la propiedad intelectual e industrial”. Si bien, dentro de esa ambigüedad calculada, recoge ideas generales como: “Promoveremos una protección de los derechos de propiedad intelectual que permita la innovación y el desarrollo de nuevos modelos de negocio” o “Prestaremos especial atención a los cambios que Internet está produciendo en el mundo de las industrias culturales, favoreciendo las transiciones que se operan en este nuevo marco de la globalización”. Negocio, industria…

Con estos mimbres, seríamos ilusos si esperásemos grandes cambios de ‘motu proprio’ en la legislación por parte del próximo gobierno. Sobre todo, si tenemos en cuenta la máxima de que la defensa del cambio de modelo de derechos de autor ha sido siempre un arma excelente para partidos ajenos al poder, pero pólvora mojada en aquellos que alcanzan cuotas de gobierno.

Por parte del resto de las formaciones que han logrado representación parlamentaria, nos encontramos con una posición prácticamente unánime a favor de la reforma de la LPI para adaptarla a los nuevos tiempos y, en su gran mayoría, abogando por una armonización de los derechos de los creadores y de los usuarios, por la derogación de la ‘Ley Sinde’ o por el control público de las gestoras de derechos, entre otros elementos. Sin embargo, el margen de acción de estos partidos es mínimo, por no decir directamente nulo. Las mayorías absolutas es lo que tienen.

De tal forma, que sólo vislumbro tres hipótesis:

1) Imposición de los intereses del lobby a través del poder de la mayoría absoluta. Sostenimiento de la ‘Ley Sinde’ o similar, con ligeros retoques que pueden ir en positivo o en negativo.

2) Consenso parlamentario en torno a la reforma de la LPI con derogación de la ‘Ley Sinde’ como paso previo, aunque con resultados inciertos.

3) Reconsideración de los postulados populares sobre esta materia y apertura de un proceso de reflexión y debate en el que participen todos los sectores implicados incluido, por supuesto, los usuarios. ¿Utópico? No tanto, si tenemos en cuenta los últimos sucesos en torno a la SGAE, hasta ahora sacrosanto representante del lobby de la cultura ante los poderes fácticos, la enorme contestación hacia la ‘Ley Sinde’ por parte de las bases populares y la enorme sensibilidad social hacia este tema.

El error de apostar por la primera vía sería catastrófico, en mi opinión, para las aspiraciones de permanencia en el poder del PP. La segunda sería una jugada extremadamente inteligente que podría devolver un panorama similar al actual o ligeramente más progresista sin un excesivo desgaste. Y la tercera sería la apuesta más seria y coherente, aunque también la que con menos posibilidades cuenta.

Con todo, otra de mis mayores expectativas en este campo está en ver qué posición adoptará el PSOE al respecto. En su programa electoral ya incluia un guiño evidente:

Reformar el actual marco de propiedad intelectual para sustituir el canon digital actual y establecer un nuevo modelo de protección, equilibrando los derechos de usuarios y creadores teniendo presente las iniciativas europeas en esta materia”

Pero es que, además, como bien reza la máxima anteriormente señalada, en la oposición todo se ve de otra manera, y pocos apoyos van a generar los socialistas en su proceso de renovación si se empecinan en esa pertinaz defensa del interés particular frente al general, por no señalar también la presión de los miles de militantes claramente partidarios de cambios profundos en la LPI y derechos de autor.

Es decir que muy posiblemente acabaremos viendo cómo, el mismo partido que ha venido defendiendo a capa y espada y por todos los medios posibles el ‘copyright y tente tieso’ en estos últimos ocho años, acabe por convertirse en unos meses en el adalid del copyleft, del P2P, del libre intercambio de archivos sin ánimo de lucro y de la reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual. Para mayor ‘gloria’ de Ángeles González-Sinde.

¿Apuestas?