Preocupantes, muy preocupantes las últimas declaraciones del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, acerca de la necesidad de “actualizar” y “modernizar” el control sobre los medios de comunicación para proteger “el honor de las personas” y, en especial, evitar “las injurias a la Corona”. En un momento en que toda España debate sobre el secuestro de ‘El Jueves’ y la mayor parte de la ciudadanía, políticos y sector judicial se manifiesta a favor de suprimir esta figura anacrónica y reaccionaria del marco legal español, parecería que las declaraciones del fiscal van encaminadas a dar ese paso adelante, pero, atención, suponen todo lo contrario:
“Yo creo que sería bueno que a través de ese debate se mejoren, se actualicen y se modernicen las medidas cautelares para que los ciudadanos en general estén mejor protegidos en supuestos de abuso, de manera que una decisión judicial se haga respetar y sea más efectiva”.
Atención a las negritas, y sobre todo a eso de las “medidas cautelares”, una figura prácticamente superada con la llegada de la democracia a nuestro país, con excepción de la del tristemente famoso ’secuestro de publicaciones’, y que parece que Conde-Pumpido está dispuesto a recuperar en este acceso de empecinamiento contra las libertades de expresión e información que le ha sobrevenido. Si por “actualizar” y “modernizar” se refiere a recuperar métodos caducos y fascistoides como la censura o autorización previa de los medios, le adelantamos ya que su empeño es inútil: ni la sociedad lo va a permitir ni la tecnología le va a ayudar.
No sólo existe el convencimiento general de que la libertad de expresión es un derecho intocable, sino que pretender controlar los medios de comunicación como hace 40 años es directamente imposible: él mismo acaba de comprobar la fuerza de Internet en estos asuntos. Claro, que igual es precisamente esta ‘insumisión comunicativa’ la que lo ha puesto de los nervios y sus palabras esconden realmente un intento de poner coto a la Red. En ese caso, también va listo.
La libertad de expresión no precisa de medidas cautelares, al estar sometida, como cualquier otro derecho, al marco legal. De tal forma que, si alguien delinque en su ejecución, lo que procede es la denuncia y la condena, si ha lugar. Efectivamente, la intimidad y el honor son también derechos básicos garantizados por la Constitución. Pero en nombre de éstos no se puede devaluar aquellos otros, y aún menos con ‘medidas preventivas’ que, estadísticamente, sirven en la mayor parte de los casos como herramienta de control y represión política.
Si en otras ocasiones hemos alabado la posición progresista del fiscal en asuntos como el intercambio de archivos en la Red, en este caso debemos posicionarnos frontalmente en contra y exigir el cese de esta nueva e inexplicable cruzada contra la libertad, la aclaración de sus palabras o su dimisión. Ni un paso atrás.
Actualización (25 jul-15.47 h): Oneras me envía esta excelente viñeta realizada por mermadon y que, afirman, está inspirada en este post. Todo un honor. Muchas gracias.