No, no es fácil. Desde luego que no es sencillo controlar todo lo que los usuarios envían a tu web. No lo es moderar los comentarios en un simple blog como éste, así que nos podemos imaginar lo complicado que puede resultar para un servicio de envío masivo de vídeos como YouTube. Claro, que en este caso, el dinero y una plantilla no precisamente escasa compensan, o deberían compensar, las diferencias entre una plataforma y otra.

Así que uno puede entender que al juguetito de Google le cuelen no uno ni dos ni tres, sino decenas o centenas de vídeos indeseables cada día y que permanezcan ahí hasta que alguien lo comunica y los moderadores comprueban que, efectivamente, atentan contra las políticas de publicación del servicio. Al menos, eso es lo que ocurre cuando existen problemas de violación de copyright. La retirada es inmediata y fulminante, ocasionando en no pocas ocasiones el cierre de la cuenta del usuario ‘infractor’. Pero no parece que suceda así cuando se trata de asuntos mucho más graves pero que no cuentan con el poder económico ni de presión de los grandes de la industria audiovisual.

Nos referimos al polémico vídeo de un esquizofrénico de Móstoles, que ha motivado una movilización mediática e institucional sin precedentes en España contra el portal. El padre de la víctima, que es objeto de burla en el corto, ha denunciado la difusión primero vía formulario de contacto oficial, y luego, visto el escaso éxito, vía judicial y periodística. Pero Google (YouTube) se ha mostrado extremadamente lento a la hora de tomar la única medida posible: retirarlo. Lento y remiso. ¿Por qué esa doble vara de medir?

¿No resulta mucho más grave la publicación de un acto que atenta contra la dignidad de un ser humano que una copia de tal o cual videoclip? ¿No debería primar el respeto a los derechos fundamentales sobre los derechos de autor o los intereses de ciertas federaciones deportivas?

Con la Ley en la mano, YouTube (Google) podría haber mantenido el vídeo hasta que un juez declara ilegal su contenido. Es lo que estipula en la actualidad la LSSI y lo que todos los amantes de la libertad de expresión queremos que permanezca en la nueva LISI. El prestador de servicios (un webmaster, un blogger, por ejemplo) no es resposable de las opiniones o envíos de terceros, salvo que un juez dictamine que son ilegales y se niegue a retirarlos. Es, por citar un caso reciente, el argumento que enarbolamos como defensa en el caso ‘Ramoncín contra alasbarricadas.org‘.

Pero, evidentemente, la Ley no lo es todo. Porque antes de que ésta se vea obligada a actuar están la éitca, el sentido común y el afán por mantener la conversación libre de insultos, descalificaciones, atentados contra la dignidad y salvajadas de cualquier tipo. Es lo que hacemos en Mangas Verdes echando mano de nuestras Condiciones de Participación a la hora de moderar los comentarios. Es posible que se nos cuele algún ataque indeseable, pero desde luego desde el momento en que lo descubrimos actuamos en consecuencia.

Y es también lo menos que se le puede exigir a un servicio corporativo como YouTube, tan presto a acatar las órdenes de la industria y, por lo que parece, tan descuidado con las denuncias de particulares sobre ataques contra su dignidad.