A medida que avanza el proceso de aprobación de la Ley Hadopi 2, es decir la versión corregida de la ‘ley de los tres avisos‘ que Sarkozy se empeña en imponer a los usuarios franceses de Internet, vamos conociendo algunos de sus aspectos concretos. Hoy, 20minutos.es, publica un artículo en el que da cuenta de la luz verde que le acaba de otorgar el Senado y recoge algunos de los puntos más conflictivos del texto. No, la ley aún no es oficial (aunque el titular del propio medio parece informar de que es así), para ello aún tendrá que ser aprobada por la Asamblea Nacional, algo que se prevé ocurra el próximo 21 de julio (como bien queda reflejado en el propio texto de la noticia).

Esta segunda parte, que siendo fiel al dicho no es ni medianamente buena, es el resultado del varapalo cosechado el pasado 6 de junio, cuando el Consejo Constitucional hizo suyo el recurso de inconstitucionalidad presentado por los socialistas en el que se recordaba que sólo un juez, y no ningún ‘órgano competente’, tiene autoridad para cortar una conexión a Internet, tal y como propugnaba la ley en primera instancia.

Sin embargo, si los puntos que recoge 20minutos.es son los que realmente dan ‘vida’ a esta Hadopi 2, no tenemos más remedio que reiterar, como ya lo hicimos con la primera versión, que la ley no sólo resultará insultante, injusta, retrógrada, exagerada y despótica de cara a la ciudadanía y sus derechos fundamentales, sino además del todo inútil, disparatada y cómica, a tenor de la laberíntica y represiva formulación, más digna de una legislación contra criminales consumados que contra simples ciudadanos que comparten cultura. Pasen y vean:

– “La nueva versión del texto contempla multas de entre 1.500 y 3.750 euros. La Hadopi será la encargada de enviar al infractor un ‘e-mail’ advirtiéndole de su conducta y luego una carta certificada en caso de reincidencia, pero no podrá suspender el acceso a Internet porque el Consejo consitucional francés ha dictaminado que sólo un juez tiene potestad para ello”.

– “Si el internauta llegara a ser considerado como un “falsificador” se arriesgaría a una multa de 300.000 euros y dos años de cárcel, pero el juez puede también pronunciar una pena complementaria y suspender durante un año como máximo el acceso a Internet”.

– “Otra de las enmiendas prevé una multa si el abonado deja a un tercero usar su acceso a Internet para hacer descargas no autorizadas. El titular podría tener que pagar hasta 1.500 euros y “eventualmente” verse privado de su acceso a la Red durante un máximo de un mes. Para evitar esta situación, el titular del abono podrá instalar un sistema en su ordenador para que la entrada a determinadas páginas requiera de un código de acceso, mecanismo que podrían ofrecer los propios operadores”.

– “En caso de que se le corte su acceso, el proveedor tendrá 15 días para ejecutar la orden judicial y unos días antes del restablecimiento de la línea tendrá también que avisar a la Alta Autoridad, para que elimine las pruebas del dosier”.

¿No te da la risa? Pues queda la mejor:

– “Si el abonado al que se le haya cortado el acceso acude a otro operador de Internet para contratar de nuevo el servicio, se enfrentará a una multa de 3.750 euros”.

Con estos mimbres, no cabe la menor duda de que, si finalmente prospera, que parece que sí por la aplastante mayoría del partido de Sarkozy en la Asamblea Nacional, la ley no tendrá nada fácil su aplicación práctica, a poco que se presenten nuevos recursos para hacer valer derechos tan fundamentales como la privacidad de las conexiones, la no responsabilidad personal frente a actos de terceros o incluso el libre mercado y la libertad de escoger el servicio o el producto que uno quiera y pueda pagar. Por no hablarles de las empanadas en las que se verán inmersos los jueces cuando intenten aclararse con cada denuncia concreta, y del rechazo frontal de la Unión Europea.

Pero, además, es una ley absurda proque, primero, llega en un momento en que las descargas vía P2P están en franco retroceso frente a la irrupción del streaming (Spotify y compañía), del todo legal; y segundo, porque la tecnología no dejará de crear sistemas que eludan restricciones tan decimonónicas y caciquiles.

Pero, bueno, parece que el matrimonio Sarkozy se divierte con esto, evidentemente el problema más grave al que se enfrenta Francia desde hace siglos.