La censura o, para ser más exactos, la degradación de la libertad de expresión, nunca es buena noticia para la democracia ni los derechos humanos, ni a escala local ni a escala ‘global’.
De hecho, la censura siempre ha sido un concepto local, propio de las leyes específicas de cada país, y nunca ‘global’, dada la inexistencia de un órgano u ordenamiento jurídico internacional capaz de contravenir los enunciados de las distintas constituciones nacionales o el desarrollo legislativo de las mismas sobre este particular.
En realidad, el concepto de ‘censura global’ es algo nuevo, sin sostén legislativo y, diríamos, inexistente más allá del uso que hacen de las mismas algunas plataformas o empresas con implantación internacional, en un intento de articular normas de carácter universal que respondan a sus respectivas filosofías y que garanticen el ‘adecuado’ funcionamiento de sus servicios.
Por tanto, cuando Twitter habla de ‘censura global’, la que dice haber venido ejerciendo hasta ahora, en realidad está hablando de los límites a la libertad de expresión que la empresa ha decidido imponer a sus usuarios de todo el planeta, bien por imagen, bien por presiones de determinados lobbies, bien por exigencias legales locales o bien por la ‘buena marcha del negocio’. Nunca por la existencia de límites legales ‘globales’ a esa libertad porque eso, sencillamente, no existe.
El problema, de hecho, surge cuando una entidad intenta trasladar su implantación a diversos países y se topa con las constituciones y leyes locales. Y no cualquier tipo de entidad (muy mal tendría que hacerlo una conservera de mejillones o una suministradora de material eléctrico para entrar en litigio con las leyes locales de libertad de expresión), sino precisamente empresas como Twitter (o Google, Flickr, Facebook, YouTube…) o cualquier medio de comunicación, que viven precisamente de la expresión, de la libre o menos libre expresión de sus empleados y usuarios.
Esto presenta una complejidad enorme y hace aflorar la principal contradicción: ¿debo, como empresa de comunicación, cuyo principal activo es la libre expresión, anteponer el negocio a las considereaciones éticas? ¿Es decir, debo plegarme a las exigencias de países que no respetan la libertad de expresión, poniendo en riesgo mi imagen y mi propia fiabilidad frente a mis usuarios?
Twitter argumenta en su blog que…
“(…) casi todos los países del mundo están de acuerdo en que la libertad de expresión es un derecho humano. Muchos países también están de acuerdo en que la libertad de expresión entraña responsabilidades y tiene sus límites”.
Y eso es completamente cierto. Pero añade…
“Algunos son tan diferentes de nuestras ideas que no vamos a ser capaces de implantarnos allí. Otros son similares, pero, por razones históricas o culturales, restringen ciertos tipos de contenido, como Francia o Alemania, que prohíben el contenido pronazi”.
Y eso es completamente falso: Francia y Alemania no censuran los contenidos pronazis por razones ‘históricas’ o ‘culturales’, sino porque esos contenidos suponen apología de diversos delitos, que van desde el terrorismo a la incitación del odio o crímenes contra la humanidad, es decir porque atentan contra la democracia, las libertades y los derechos humanos.
Porque así como no hay un organismo ‘global’ que promueva la censura, sí los hay que defienden la libertad de expresión: la propia ONU, por ejemplo, que lo recoge en el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:
“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”
Un enunciado que goza de general aceptación y cuyos límites, en la inmensa mayoría de la países democráticos, se circunscriben al conflicto con otros derechos fundamentales, nunca a restricciones de carácter político. En el caso de España, los límites se centran en en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen, a la protección de la juventud y de la infancia o en la apología del delito.
Por tanto, el concepto de ‘libertad de expresión’ no se puede relativizar, como intenta Twitter, ya que esa relativización lo desnaturaliza y lo convierte, en la práctica, en papel mojado, pues sí un país dicta que el límite a la libertad de expresión está en el disenso abierto sobre tal o cual tema, sin entrar en contradicción con otro derecho fundamental, no lo está limitando, lo que está haciendo en realidad es derogándolo.
En palabras de Evelyn Beatrice Hall:
“No comparto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”
Una vez aclarados estos aspectos básicos (no existe censura ‘global’, el derecho a la libertad de expresión no es relativo y sólo se limita cuando entra en conflicto con otro derecho fundamental) y vista también la contradicción entre respeto a la libertad de expresión y negocio, nos adentramos en la relación entre libertad de expresión y comisión de delito.
Por poner un par de ejemplos: 1) atracar un banco es delito, decir que los atracadores son producto de la crisis global, no; 2) lucrarse vendiendo películas sin autorización es un delito, decir que hay que cambiar el modelo de derecho de autor, no. ¿Qué significa esto? Que una cosa es el delito y otra muy distinta la opinión que podamos tener de él y de las circunstancias que lo rodean, siempre y cuando no alentemos la comisión del delito, que es lo que se llama ‘apología’. Incluso podemos manifestar nuestro desacuerdo con las leyes imperantes, con los tipos de delito y hasta con los fallos judiciales. Es algo de lo más habitual en democracia… aunque no así en dictaduras.
Twitter, por tanto, estaría obligado a actuar contra aquellos contenidos que supusieran delito. ¡Pero no contra las opiniones al respecto de ese delito! Y siempre y cuando tuviese constancia de que fuese delito. Por ejemplo, aunque a tenor de la ‘Ley Sinde’ se clausurase alguna web, Twitter no tendría ningún argumento para censurar tuits críticos con dicha ley o campañas en su contra. No al menos amparándose en las leyes españolas o en los límites a la libertad de expresión en España.
En un sistema absolutista, la libertad de expresión es en sí misma un delito. Es decir, manifestar cualquier opinión o idea diferente on contraria a la del régimen se considera ‘alta traición’, ‘conspiración’, ‘disidencia’… y un sinfín de etiquetas por el estilo.
¿Qué hará Twitter en esos países? Según se lee en su blog, no implantarse en ellos. ¿Pero está dispuesta Twitter a renunciar al inmenso mercado chino, por ejemplo?
He esperado hasta hoy para pronunciarme sobre este tema, para leer toda la información posible y analizar las distintas opiniones. Pero lo cierto es que prácticamente todo lo que he visto ha estado marcado por la confusión. Y no me sorprende, dada la exquisita y probablemente calculada ambigüedad con la que ha sido redactado el anuncio (tanto, que de hecho ni se ha traducido aún al español, por ejemplo, posiblemente para evitar errores de traducción que pudiesen comprometer esa ambigüedad).
No hay ni una sola línea en ese post, ni una sola frase o afirmación que diga exactamente qué contenidos se van a censurar y dónde, algo que cualquier anuncio riguroso debería incluir. En su actualización sí se especifica que será en base a una “petición legal válida y aplicable”, pero cualquier petición suele serlo, otra cosa es que el fondo de la misma se ajuste a derecho. En la información específica del Centro de Ayuda se dice que tendrá que ser a petición de una “entidad debidamente autorizada”. ¿Pero eso qué es? ¿Un juez, un Gobierno, una empresa, una asociación, una comisión…? ¿Cómo se garantiza que no existirá arbitrariedad? ¿Se compromete a actuar sólo bajo intervención judicial?…
Visto esto, no es de extrañar que entre los defensores de Twitter se prodiguen los actos de fe: “no te va a censurar”, “va a seguir como hasta ahora”, “no lo vas a notar”, “si lo dice muy claro”… y entre los contrarios al anuncio, las proclamas generalistas: “no a la censura”, “queremos un Twitter libre”, “nos quieren callar”, “ya empezaron a bloquear”… Sin que nada, absolutamente nada de lo dicho o hecho hasta el momento por la compañía, sirva para secundar una opción u otra.
De hecho, el post remite a las páginas de ‘Contenido Restringido por País‘ y ‘Cómo cambiar la configuración de País en el que te encuentras‘ del Centro de Ayuda “para ampliar información”, sin que en ninguna de ellas (WTF?!) se aclare tampoco mucho más. En la segunda de ellas, directamente nada.
¿Conclusión? Que Twitter hará justamente lo que le venga en gana y entienda mejor para su negocio en cada momento y en cada país. Si ‘río revuelto’ = ‘ganancia de pescadores’, no podemos extrañarnos de que sean los propios ‘pescadores’ los que revuelvan el ‘río’, y eso es justamente lo que ha hecho Twitter en esta jugada: anunciar no se sabe muy bien qué, dividir a los tuiteros que no saben a ciencia cierta cuánto y actuar conforme a sus intereses donde y cuando le parezca oportuno.
Por tanto, a las preguntas estrella de estos días, cabría responder:
¿Censurará Twitter?
Claro, ya lo hacía antes ‘a escala global’ y lo seguirá haciendo ahora con un matiz: geolocalizando la censura.
¿Es eso lícito?
Twitter no es una organización gubernamental ni de derechos humanos: es una empresa y, como todas, impone sus propias normas. Si en un momento determinado le interesa ‘venderse’ como una empresa ‘comprometida’, lo hará; y si en otro le interesa coquetear con la censura en pos de este o aquel mercado, lo hará también sin dudar. Ojo: las herramientas comerciales pueden ser del todo compatibles con la defensa de los derechos y libertades… hasta que deciden no serlo. En cualquier caso, si alguien entiende que alguna de sus actuaciones vulnera sus derechos, puede denunciarlo ante los órganos competentes.
¿Pero esto no era una plataforma de libertad? ¿La comunicación libre, 2.0 y todo eso?
No, eso es una filosofía. Twitter es una herramienta. Privada, como Facebook o Google+ (echa un vistazo a las normas de todos estos servicios). Trabajan en el ámbito de la comunicación 2.0, pero no son la comunicación 2.0. La comunicación 2.0 somos tú y yo, y todos los ciudadanos del planeta. Herramientas hay muchas, unas de carácter privado y propietario, otras libres, unas son corporativas, otras gubernamentales… Cada día surgen unas cuantas y todas van cambiando y actualizándose. Aquellas que dan mejor respuesta a las necesidades y aspiraciones de los usuarios prosperan más que las otras.
¿Procede un boicot?
Boicotear una empresa por despreciar los derechos humanos es lícito y no es ninguna novedad. Sin embargo, Twitter por ahora se ha limitado a un anuncio de lo más ambiguo y estoy convencido de que, si finalmente opta por una ‘línea dura’ en este ámbito, no faltará ocasión para afeárselo. Hacerlo hoy, con la enorme división que hay al respecto y sin una base sólida de denuncia, no tiene demasiado sentido. Ver el ‘éxito‘ del ‘blackout’ del pasado sábado.
¿Qué hay que hacer, entonces?
Pues lo que quieras. Seguir usando la herramienta como hasta ahora o, si el peso de la ‘amenaza fantasma’ te parece insoportable, buscarte otra. Siempre ha sido así. Nadie obliga a nadie a estar en Twitter a punta de pistola. Si buscas modelos de comunicación abiertos y comprometidos con la democracia, parece claro que aquellos que priman el negocio sobre cualquier otra consideración no son los más adecuados. Si te da igual o prefieres seguir explotando las ventajas del servicio y esperar acontecimientos, sigue adelante. Si Twitter traiciona a sus usuarios, los perderá. Así de claro. En el pecado va la penitencia.
Vale, ¿pero me puedes resumir tu posición al respecto?
Of course:
Twitter puede hacer lo que quiera y entienda necesario para su negocio, pero desde luego no puede escudarse en ‘diferentes conceptos’ de libertad de expresión para menoscabarla, porque ese concepto es muy claro y sobre él no caben medias tintas, ni aún menos confundir ‘libertad de expresión’ con ilegalidades tan flagrantes como la apolología del delito en cualquiera de sus vertientes. Es decir, que si quiere plegarse a la censura impuesta por según qué países, que lo haga, pero sin enturbiar el nítido y claro concepto de libertad de expresión.
Lo que no queda tan claro es precisamente qué va a hacer en realidad ni qué alcance tiene su anuncio. Por ahora, su postura no es diferente de las del resto de plataformas comerciales de la Web 2.0 (YouTube, por ejemplo, lleva tiempo bloqueando contenidos por países y nadie se ha rasgado las vestiduras), pero su anuncio precisa de una clarificación inmediata, aunque me temo que eso no va a suceder.
Creo que todos somos conscientes de que un ejercicio descarado de censura política, ideológica o cultural sería un suicidio en toda regla. Y que la compañía es aun mucho más consciente de esto que todos nosotros. Así que tendrá que hilar muy fino si no quiere perecer en el intento. Un intento que va más allá de esa ‘mejora’ del mecanismo censor, de ‘global’ a ‘local’ y todos tan contentos. No, Su anuncio deja claro que
“As we continue to grow internationally, we will enter countries that have different ideas about the contours of freedom of expression”.
“A medida que vamos creciendo internacionalmente, vamos a entrar en países que tienen diferentes ideas sobre los límites de la libertad de expresión”.
¿Y si la idea de un país sobre los límites de las libertad de expresión es que no haya libertad de expresión? “No entraremos”, dicen. ¿Entonces, de qué estamos hablando? Éste es quizá el punto más peligroso. El sentido común me dicta que la empresa no intentará traspasar fronteras sin retorno, pero su ambigüedad, indefinición y sus peligrosos juegos malabares sobre el concepto de libertad de expresión realmente me inquietan.
El problema de Twitter es que no es una fábrica de salchichas, sino una plataforma de comunicación, donde la libertad de expresión en un bien casi sagrado. Y, claro, se podría decir que está jugando con las cosas de comer. De hecho, han sido los movimientos contestatarios los que más éxito, difusión y repercusión le han reportado a la plataforma.
Nosotros, pobrecitos usuarios, debemos estar alertas y vigilantes y, llegado el caso, tomar la decisión que mejor nos convenga: las empresas son libres de dictar sus normas. Los usuarios, de cambiar de empresa cuando sus normas no nos gustan o directamente se convierten en agresión.