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Hollywood llevaba casi seis meses mirando el calendario y ahora mira al juzgado. La fusión entre Paramount y Warner ha quedado en pausa por orden judicial.
La jueza Araceli Martínez-Olguín ha suspendido el proceso durante 14 días para escuchar a Paramount, Warner y a la coalición de doce estados que intenta bloquear la operación. En su resolución, dejó por escrito que las alegaciones de los demandantes muestran, como mínimo, serias dudas sobre el fondo del asunto.
"Las alegaciones de los Estados demandantes demuestran, como mínimo, que siguen existiendo serias dudas sobre el fondo del asunto, lo que aboga a favor de la adopción de medidas cautelares" - Araceli Martínez-Olguín, jueza
No es un detalle menor. Esa pausa inicial puede ampliarse otros 14 días o incluso mantenerse hasta que llegue una sentencia definitiva, de modo que una operación anunciada como uno de los grandes movimientos del sector entra en una fase de incertidumbre mucho más áspera de lo previsto.
California puso el reloj judicial en marcha
La demanda parte de una coalición de doce estados encabezada por California, que sostiene que la fusión vulnera la legislación antimonopolio de Estados Unidos. El pleito coloca el debate en un terreno conocido y siempre incómodo, el de cuánto poder puede concentrarse en mercados que moldean lo que millones de personas ven, oyen y pagan.
Ahí aparece una primera grieta política. David Ellison, empresario clave en la operación, mantiene una relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Ya había señales de que el calendario pesaba tanto como los argumentos jurídicos. Paramount reconoció durante el procedimiento que retrasar el cierre definitivo hasta finales de septiembre no le causaría un perjuicio irreparable, una admisión que facilita la lógica de las medidas cautelares y que recuerda a el debate sobre la concentración en Hollywood.
El 30 de septiembre convirtió la pausa en un problema de dinero
Si la compra no se completa antes del 30 de septiembre, Paramount tendrá que pagar compensaciones económicas a los accionistas de Warner por cada día de retraso. De pronto, dos semanas dejan de sonar a trámite y empiezan a parecer una cuenta atrás con coste diario.
La propia compañía aceptó ante el tribunal que ese aplazamiento hasta finales de septiembre no la rompe. Pero esa misma admisión la deja en una posición delicada si la suspensión se estira más allá de esa fecha y activa penalizaciones.
La Fiscalía de California eligió un tono de choque
La respuesta política no ha sido discreta. La Fiscalía General de California presentó la decisión como una primera victoria judicial dentro de su ofensiva contra la operación.
"Primera victoria crítica en nuestro caso para asegurarnos de que esta megafusión nunca vea la luz del día" - Fiscalía General de California
Después endureció aún más el mensaje al sostener que la historia ya ha mostrado lo que ocurre cuando pocas personas acumulan demasiado poder sobre mercados fundamentales para la vida de los estadounidenses. Su argumento enlaza concentración empresarial con menos oportunidades para más gente y con peores productos y servicios.
También defendió que la demanda busca un mercado libre y justo, además de una industria cinematográfica y televisiva próspera para creativos y público. Entre la retórica combativa de California y la cautela de la jueza, lo que queda hoy es un dato muy concreto, la fusión ya no avanza y el 30 de septiembre sigue ahí.