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Una película de siete años puede quedar atrapada en un objeto del tamaño de la palma de la mano.
Eso es lo que ha llevado al guionista y productor Simon Afram a demandar a Netflix ante un tribunal federal de California. Reclama al menos 105 millones de dólares por la pérdida de un disco duro que contenía una copia sin cifrar de Fortitude, la película protagonizada por Nicolas Cage.
Netflix recibió la cinta y días después faltaban varios discos duros
A mitad de junio, Afram entregó la película a Netflix para su proyección y compra. Días más tarde, la compañía notificó por correo electrónico el robo de varios discos duros en sus oficinas de Los Ángeles, entre ellos el que guardaba Fortitude.
Siete años de trabajo acabaron dependiendo de un soporte extraviado.
Afram sostiene que invirtió más de 45 millones de dólares en una producción que tardó siete años en completarse. La cifra ayuda a entender por qué la demanda no se limita al valor material de un disco duro, sino al coste de una obra que ya había entrado en la fase decisiva de negociación.
La disputa gira también en torno a la seguridad
Después del robo, Afram alega que Netflix se negó a revelar si presentó una denuncia ante las autoridades o si pidió ayuda a agencias de seguridad. Ahí aparece una segunda pelea, menos visible que la pérdida física del soporte, pero igual de delicada para cualquier productor que entrega una película todavía no estrenada.
Porque no solo desapareció un dispositivo. También quedó en el aire qué protección tuvo una copia sin cifrar de una película cuya venta y exhibición dependían precisamente de que siguiera bajo control.
En esa zona gris encaja una puja reciente por cine español, donde el valor de una película cambia por completo cuando entra en negociación con una gran plataforma.
La respuesta de la plataforma desplaza parte del riesgo al productor
Netflix, a través de un portavoz, negó que la compañía vaya a asumir el riesgo de pérdida de una película "distribuida sin las medidas de seguridad estándar de la industria". La frase desplaza el foco desde el robo en sus oficinas hacia la forma en que se entregó la copia.
No es un matiz menor.
Si ese argumento pesa en el tribunal, la discusión dejará de ser solo quién perdió el disco duro y pasará a ser quién debía blindarlo desde el primer momento. Y ahí los 105 millones de dólares que reclama Afram funcionan también como una medida del conflicto entre los protocolos de custodia y la fragilidad real de una producción audiovisual.
Al final, el caso enfrenta dos cifras que no encajan entre sí, más de 45 millones invertidos en siete años frente a una reclamación de al menos 105 millones por un archivo perdido en un disco duro sin cifrar.