“Llamemos a las cosas por su nombre. Las webs de descargas son la traducción digital del perista o receptador de mercancía robada. Su condición inmaterial no priva al robo ni de su naturaleza, ni de su gravedad. Y los argumentos en contra de su neutralización no solo suponen la condonación de una conducta que en la mayoría de los casos es abiertamente delictiva, sino que también conducen, a medio plazo, a la extinción o al grave deterioro de la creación cultural”.
Este fragmento corresponde a un artículo de opinión firmado por el nuevo ministro de Educación, Cultura y Deportes de España, José Ignacio Wert, y publicado en ‘El País’ el 2 de enero de este año. Un texto en el que el sociólogo y licenciado en Derecho no sólo da rienda suelta a sus fobias contra lo ‘digital’, sino que además hace gala de un profundo desconocimiento sobre los temas que trata, es decir los aspectos fundamentales del debate sobre la denominada ‘Ley Sinde‘ y los derechos de autor.
Esperábamos con expectación el nombramiento por parte del nuevo presidente, Mariano Rajoy, del sucesor de Ángeles González-Sinde al frente de Cultura, es decir la persona que tendrá que enfrentar en los próximos años dicho debate. Y la designación resulta, de entrada, inquietante.
Como digo, por un lado por las fobias expresadas en su artículo, utilizando de forma peyorativa términos como “libertarios digitales” o “nuevos bárbaros” para referirse a quienes abogamos por el respeto a los derechos fundamentales también en la Red o atribuyéndonos el expolio y el despojo de los creadores, como si éstos no fuesen víctimas de la industria y las gestoras de derechos; pero sobre todo por la sorprendente ignorancia, impropia de un licenciado en Derecho, sobre algunos aspectos básicos del marco jurídico español, como la confusión entre propiedad intelectual y otros tipos de propiedades, la defensa de la “prevalencia del derecho a la propiedad intelectual del autor frente a otros supuestos derechos o expectativas de tales” (¿secreto de las comunicaciones?, ¿tutela judicial efectiva?, ¿derecho a la cultura?, ¿copia privada?… ¿cuál de ellos es supuesto o soñado?), la consideración de “descarga ilegal” de lo que la Justicia no entiende como delito o como ilícito civil (intercambio de archivos sin ánimo de lucro, plataformas P2P, páginas de enlaces…) o la tópica falacia de aventurar “la extinción o al grave deterioro de la creación cultural”. En fin, toda una retahíla de inexactitudes, prejuicios, confusión y preocupante defensa del interés particular sobre el general que no anuncia nada bueno.
Cierto es que en su artículo, Wert habla continuamente de “webs de descargas”, pero (otro error más en su argumentación) la ‘Ley Sinde’ no trata de “webs de descargas”, entendidas éstas como sitios cuyos servidores albergan físicamente archivos protegidos, sino de “webs de enlaces” y ahí, entre otras cosas, está el meollo de la cuestión.
El artículo tiene prácticamente un año ya, y es posible que en este tiempo el ahora ministro haya tenido la oportunidad de aclarar un poco sus conceptos y entender algo más los elementos de este debate. Por eso queremos ser prudentes y esperar a sus primeras manifestaciones y acciones antes de emitir nuestra opinión sobre la nueva deriva gubernamental en esta materia. Yo ya he compartido mis expectativas, y las líneas que, a mi entender, harían posible un marco justo y próspero en el desarrollo de los nuevos modelos de propiedad intelectual en nuestro país. Es decir, retirada de la ‘Ley Sinde’ y apertura de un diálogo abierto con todas las partes para una reforma progresista de la Ley de Propiedad Intelectual.
Si ésta es la actitud, perfecto. Si mantiene o endurece la de sus antecesores, nos tendrá como hasta ahora frontalmente en contra. A la ‘Ley Sinde’ debiera sucederle una ‘ley de todos’ justa, actualizada, equitativa, aplicable, realista y consensuada, tal y como demanda la mayor parte de la sociedad y de la clase política. Pero nunca, en ningún caso, una ‘Ley Wert’ que, como la anterior, estaría condenada al más estrepitoso de los fracasos.
Foto: abc.es