Tras los últimos varapalos a las medidas gubernamentales en Francia o Inglaterra contra la desconexión o ralentización de la conexión de los usuarios que hacen uso de las redes P2P, las operadoras que trabajan en España, animadas por otro lado por la batalla que mantienen por el canon en compensación a la eliminación de la publicidad en TVE, han rechazado la idea de González-Sinde de importar esas medidas represoras y se niegan en redondo a cualquier acción que vaya en contra de los derechos del ciudadano:
“La respuesta al problema, según Canalejo, está en la mejora de la oferta legal de contenidos, que considera pobre. “Parte del problema de la piratería está en la falta de atractivo de la oferta legal”, afirmó. “La industria entra en los contenidos en internet arrastrando los pies para proteger su negocio tradicional”.
La solución de Redtel es mejorar la oferta legal e incidir en la sensibilización de los consumidores, nunca en el castigo. Ahora, le pide al Gobierno que haga una propuesta pública de regulación, que permita opinar a todos los sectores implicados y que abra un debate general”.
Que tenga que ser el ámbito privado el que le recuerde al Ministerio la exigencia democrática de preservar el interés y el derecho general sobre el particular habla bien a las claras de la grave deriva en la que se encuentran los gobiernos llamados democráticos del mundo occidental, con EEUU como director de orquesta.