La inteligencia artificial ha entrado en las aulas con la misma discreción con que se instala un nuevo idioma en una ciudad al principio lo escuchas de refilón, luego lo repites sin darte cuenta, y al final ya no sabes si lo estás hablando por convicción o por costumbre. En las facultades de Derecho de España, ese cambio está provocando un debate intenso, casi existencial. ¿Qué significa aprender derecho cuando una máquina puede redactar una sentencia, una opinión jurídica o incluso un trabajo de cincuenta páginas en minutos?
El uso extendido de herramientas como ChatGPT ya no es una novedad ni una amenaza lejana. Es un compañero de escritorio, un ayudante invisible que muchos estudiantes consultan antes incluso de abrir su primer libro de derecho civil. Y eso ha movido a los decanos de Derecho de todo el país a reunirse, no para prohibir, sino para repensar. Porque la respuesta no es cerrar puertas, sino entender qué conocimiento verdadero queda cuando la máquina escribe.
Esta reflexión colectiva ha tenido lugar durante una reunión extraordinaria de la Conferencia de Decanas y Decanos de Derecho de España, un foro que reúne a 72 universidades públicas y privadas. El encuentro, celebrado en Sevilla entre la Universidad Pablo de Olavide y la Universidad de Sevilla, no se limitó a hablar del impacto de la IA en los exámenes. Fue más profundo. Se preguntaron por el sentido del Trabajo Fin de Grado, una prueba que durante años ha sido sinónimo de esfuerzo, madurez académica y, en no pocos casos, sufrimiento estudiantil.
Hasta hace poco, un TFG de 50 o 60 páginas era un rito de paso. Ahora, esa extensión ya no garantiza que el estudiante haya pensado por sí mismo. El formato empieza a mostrar grietas, y los académicos lo saben. Ramón Herrera, secretario general de Universidades de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, lo dijo con contundencia durante la inauguración del encuentro.
"Hasta el momento se pedía a los estudiantes trabajos de 50 o 60 páginas y ahora será muy importante ver cómo, sin prohibir el uso de la inteligencia artificial, tenemos al menos un control sobre la manera en que el alumnado adquiere el conocimiento para elaborar sus TFG y TFM" - Ramón Herrera
Es una frase reveladora. No se trata de demonizar la tecnología. Tampoco de rendirse ante ella. Se trata de redefinir lo que significa dominar un saber en una era donde el acceso a la información es instantáneo. Si cualquier estudiante puede pedirle a una IA que le explique el artículo 1.258 del Código Civil, ¿qué valor tiene memorizarlo? Tal vez el valor esté en discutirlo, en aplicarlo a un caso real, en cuestionarlo.
En Andalucía, por ejemplo, ya están moviendo ficha. Se está implantando una nueva programación académica que prevé establecer 199 títulos universitarios hasta el curso 2028/2029. Y entre ellos, hay novedades significativas. En 2025/2026 se estrenaron 40 nuevas titulaciones. Destacan, por nombre y por simbolismo, los másteres en Derecho Digital y en Derecho y Ética de la Inteligencia Artificial. Su aparición no es casual. Es un reconocimiento explícito el derecho ya no puede ignorar los algoritmos.
¿Qué sentido tiene un abogado que no entienda cómo funcionan los sistemas de decisión automatizada? ¿Puede defender a un cliente cuyo perfil ha sido construido por una IA sin saber cómo se toman esas decisiones? La profesión jurídica se transforma, y la formación debe hacerlo a la par. El derecho no solo se aplica, también se diseña. Y si no enseñamos a diseñarlo con criterio ético, otros lo harán por nosotros.
"Quizás sea un buen momento para replantearse o estudiar los contenidos de las titulaciones en este área para adaptarlos a las nuevas necesidades"- Ramón Herrera
Estas palabras suenan a oportunidad más que a advertencia. Hay una ventana para reinventar la enseñanza del derecho, no desde la nostalgia del papel y la biblioteca, sino desde la realidad de los tribunales digitales, los contratos inteligentes y los derechos al olvido. La universidad no puede ser un museo del conocimiento jurídico. Tiene que ser un laboratorio.
La pregunta que flota entre los pasillos de las facultades no es si los estudiantes usarán inteligencia artificial. La pregunta es qué hará la universidad con eso. ¿Seguirá evaluando la capacidad de copiar y pegar, aunque sea con elegancia? ¿O empezará a valorar la capacidad de pensar, de argumentar, de desconfiar incluso de lo que la máquina dice?
El TFG del futuro quizá no sea un ensayo de cincuenta páginas. Puede ser un debate grabado, un caso resuelto en equipo, una crítica jurídica a una decisión algorítmica. El formato cambiará. Pero lo que no debería cambiar es el objetivo formar personas que no solo saben derecho, sino que lo entienden en su dimensión humana, social y ética.