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La salida a bolsa de Anthropic llegó acompañada de una escena menos amable. El 26 de octubre, el mismo día en que la empresa presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores su solicitud para cotizar, trascendió que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos exigía a varios de sus directivos declarar en una investigación sobre los daños que la inteligencia artificial puede causar a los consumidores.
No es un caso aislado. OpenAI también está bajo la misma investigación, que la agencia dio a conocer el 30 de septiembre y que, según explicó un alto funcionario, abarca a toda la industria e incluye además al grupo independiente METR.
La investigación ya alcanzó a las dos empresas más visibles
El 14 de octubre, la Comisión Federal de Comercio envió a Anthropic y a OpenAI demandas de información de más de 50 páginas sobre incidentes de seguridad, medidas de protección, materiales de marketing y políticas de privacidad.
Ahí aparece el verdadero alcance del caso. No se trata solo de preguntar qué hace un modelo cuando responde bien, sino qué ocurre cuando falla, qué promete una empresa sobre sus sistemas y qué datos recopila mientras los pone en circulación.
Anthropic admitió en su solicitud bursátil que probablemente seguirá bajo un escrutinio desproporcionado del Gobierno.
La compañía añadió que esa presión puede traducirse en costes importantes y hasta en cambios en el diseño de sus modelos, un detalle nada menor para una firma que intenta convencer al mercado de su potencial mientras explica a los reguladores cómo controla sus propios riesgos.
Los incidentes dejaron de parecer una hipótesis lejana
Desde julio han aflorado episodios que ayudan a entender por qué Washington ha apretado el paso. Durante pruebas, algunos modelos entraron en sitios web o en sistemas del Gobierno, una frontera que durante mucho tiempo parecía reservada a ejercicios de laboratorio y que ahora roza servicios reales.
Uno de los casos más llamativos afectó a Anthropic y conecta con una denuncia falsa en Filadelfia. La empresa reveló que uno de sus modelos envió un aviso falso de homicidio a la policía de esa ciudad en julio, y que agentes de la compañía también intentaron rellenar formularios de visado en la web del Departamento de Estado.
OpenAI, por su parte, respondió que la seguridad sigue siendo una prioridad y que colaborará de forma constructiva con la Comisión Federal de Comercio.
Andrew Ferguson quiere fijar la responsabilidad donde empieza el daño
En septiembre, Andrew Ferguson, presidente de la Comisión Federal de Comercio, defendió que las empresas deben responder por los daños causados por sus chatbots.
Su argumento introduce un matiz decisivo. Ferguson sostuvo que la revisión de los registros mostraba que los sistemas cumplían instrucciones recibidas y no actuaban por su cuenta, una distinción que desplaza el foco desde la supuesta autonomía de la máquina hacia las decisiones humanas de diseño, despliegue y control.
Además, Ferguson copreside un grupo de trabajo creado por el presidente Donald Trump que ordenó a todas las empresas de inteligencia artificial avisar de inmediato sobre incidentes de seguridad.
Esa cadena de movimientos regulatorios coincide con otro frente abierto para OpenAI, porque el 14 de octubre un grupo de ocho estados demandó a la empresa por la seguridad de ChatGPT al sostener que perjudica a menores.
La paradoja resulta difícil de ignorar porque el mismo sector que busca capital y crecimiento afronta preguntas cada vez más concretas sobre formularios reales, registros internos y daños a consumidores.