Argentina quiere llevar al derecho mercantil una figura que hasta hace poco pertenecía más al terreno de la especulación que al del BOE local. Javier Milei, presidente argentino, defendió en Financial Times la creación de sociedades operadas por agentes de inteligencia artificial o robots, con un impuesto de sociedades reducido y reglas pensadas para atraer accionistas.
Días después, el Poder Ejecutivo Nacional dio forma legal a esa idea con un proyecto fechado el 29 de mayo de 2026. La reforma de la Ley General de Sociedades introduce la categoría de Sociedad Automatizada y convierte una intuición política en una definición jurídica escrita con bastante precisión.
El proyecto define qué empresa podrá llamarse Automatizada
El núcleo del texto está en el artículo 14, que fija una frontera clara. Entrarán en esa categoría las sociedades de cualquiera de los tipos ya previstos en la ley cuando desarrollen su objeto social mediante sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial, sin trabajadores en relación de dependencia ni recursos humanos para su operación ordinaria.
No es solo una descripción técnica. La norma exige que esa condición figure de forma expresa en el estatuto y también en el nombre de la compañía, que deberá incluir la palabra Automatizada.
Esa exigencia formal convierte la automatización en algo más que una práctica interna. También la vuelve visible hacia fuera, como una etiqueta legal para clientes, inversores y terceros que contraten con una empresa cuyo funcionamiento cotidiano prescinde de personal asalariado.
La responsabilidad no desaparece aunque no haya empleados
Ahí aparece una de las preguntas más delicadas. Si una empresa opera con algoritmos autónomos y sin plantilla, ¿quién responde cuando algo sale mal?
El proyecto no deja ese punto en el aire. El mismo artículo 14 establece que la sociedad automatizada responde con su patrimonio frente a terceros por los daños causados por sus sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial.
La fórmula tiene algo de giro preventivo. Aunque el trabajo ordinario quede en manos de software, la personalidad jurídica de la empresa sigue siendo el punto de anclaje para reclamar daños, una cuestión nada menor en un debate que a menudo se pierde entre promesas técnicas y vacíos legales.
También cambia el capital con el que nacerán estas sociedades
Otro detalle del proyecto apunta al terreno donde Milei ha puesto el foco desde el principio, el de los incentivos. La ley permite que los socios fijen libremente la cifra del capital social de estas sociedades.
Ese margen encaja con la propuesta política expuesta por el presidente argentino en su tribuna internacional, donde planteó una figura societaria específica para compañías operadas por inteligencia artificial o robots, acompañada de una tributación reducida y de normas atractivas para accionistas. En el mismo debate ya asoman agentes que trabajan durante horas sin intervención constante.
Visto así, la discusión ya no gira solo alrededor de qué puede hacer la inteligencia artificial, sino de qué tipo de empresa conviene diseñar para alojarla. No es una cuestión menor cuando el envoltorio jurídico condiciona impuestos, responsabilidad y capacidad para captar capital.
La ley llega mientras OpenAI y Sur Energy exploran su aterrizaje
Mientras esa arquitectura legal toma forma, OpenAI y Sur Energy han presentado una carta de intención para explorar una infraestructura de inteligencia artificial en Argentina. El gesto tiene peso político, pero aún no equivale a una obra en marcha.
Faltan tres piezas básicas que todavía no constan. No hay ubicación definitiva, no hay fecha de inicio de obras y no hay construcción iniciada, de modo que por ahora el movimiento pertenece al terreno de la exploración y no al de las máquinas excavando.
Esa distancia entre el anuncio y el hormigón ayuda a leer mejor el momento argentino. Por un lado aparece un marco legal para compañías sin empleados en su operación ordinaria y, por otro, una infraestructura de IA que sigue en fase preliminar, como ocurre en muchos planes de centros de cómputo donde la ambición política va por delante del calendario físico.
Ya en la CPAC 2025, Milei había llevado este tipo de discurso a un escenario internacional. Ahora esa retórica baja al detalle de una ley que obliga a declarar la automatización en el estatuto, a llevarla incluso en la denominación social y a responder con patrimonio propio si los algoritmos causan daños.