En los pasillos de los grandes despachos de abogados británicos, el aire ha cambiado. Ya no solo se discuten sentencias o fusiones millonarias se habla de algoritmos, eficiencia y despidos. Baker McKenzie, uno de los gigantes del derecho global, estudia recortar hasta el 10% de su plantilla, una medida que podría dejar fuera del despacho a entre 600 y 1.000 personas. El foco está en funciones de apoyo documentalistas, secretarios, paralegales, personal de marketing y gestión del conocimiento. Las oficinas de Londres y Belfast serían las más afectadas, aunque la sacudida también se notaría en otras sedes del mundo. No es un caso aislado. La ola de ajustes ya ha pasado por otros bufetes de élite Freshfields recortó la mitad de sus paralegales júnior en Manchester, y Clifford Chance eliminó el 10% de su personal de servicios empresariales en el Reino Unido. El patrón está claro se retira a quien sostiene el edificio desde abajo.
La IA como cómplice silenciosa
El pretexto, casi siempre, es la inteligencia artificial. PwC, la firma de auditoría y consultoría, renunció a su ambiciosa promesa de contratar 100.000 personas para 2026. En su lugar, despidió a 5.600 trabajadores y destinó 1.500 millones de dólares a desarrollar herramientas de IA. El mensaje es evidente ya no se apuesta por más personas, sino por sistemas que hacen más con menos. La IA no está creando nuevos empleos a la velocidad con la que está reemplazando los antiguos. Y aunque en países como el Reino Unido los despidos pueden justificarse con mayor flexibilidad legal, en España el camino es más estrecho. Aquí, la legislación exige causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP) para que un despido sea legal. No basta con decir que la tecnología ha llegado hay que demostrar necesidad.
El uso de la IA como excusa para ajustar plantillas sin acreditar una verdadera necesidad empresarial no pasa desapercibido ante los tribunales. En 2019, un juez en Las Palmas declaró improcedente el despido de una administrativa porque la empresa solo alegó "mejora de eficiencia" tras instalar un sistema automatizado. No hubo pérdidas, ni caída de demanda, ni reestructuración justificada. Fue visto como una maniobra comercial, no como un ajuste necesario. En cambio, en 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sí dio la razón a una empresa que despidió a una empleada cuyas tareas antes distribuidas en 287 jornadas ahora podían realizarse en 11 días gracias a un sistema automatizado. La diferencia se acreditó la obsolescencia real del puesto.
El pulso entre tecnología y derecho laboral
En España, los analistas coinciden no habrá grandes despidos masivos en cadena. El coste de los ajustes legales y la resistencia cultural a la eliminación abrupta de empleo actúan como frenos. Pero eso no significa inmunidad. "El resultado neto será parecido en cinco años al de otros países, pero sin grandes titulares", afirma José Luis Pérez Benítez, socio de Black Swan. La transformación será silenciosa, progresiva, casi imperceptible. Los nuevos contratos no llegarán, las plazas vacantes no se cubrirán, y las tareas se redistribuirán o automatizarán. No será un terremoto, sino una erosión lenta.
Omar Molina, socio de Augusta Abogados, advierte que ya hay bufetes en España que barajan este tipo de movimientos. Pero insiste en la delgada línea legal "No sería legal plantearlo en la idea de "hemos implantado IA y ahora somos más eficientes, y por tanto amortizamos puestos"". Si no hay caída de ingresos, si no se acredita una reorganización real, si el puesto no desaparece en su totalidad, el juez puede verlo como una excusa. "Si el relato empresarial es usar IA para ahorrar costes, sin caída de demanda, sin pérdidas, sin necesidad organizativa acreditada, sin amortización real del puesto en su integridad y sin proporcionalidad, el juez puede verlo como excusa comercial y no como causa ETOP".
"Los grandes despachos internacionales citados responden a una convergencia de tres factores que no deben confundirse la IA como sustituto del trabajo de soporte; también como coartada conveniente para reestructuraciones que podrían ser necesarias; y la presión permanente sobre márgenes para maximizar el beneficio por socio" - José Luis Pérez Benítez, socio de Black Swan
¿Progreso o justificación?
Detrás de cada algoritmo que clasifica documentos, cada sistema que genera informes jurídicos o cada chatbot que responde consultas rutinarias, hay un puesto de trabajo que ya no se cubrirá. La tecnología avanza, pero también se convierte en un paraguas cómodo para decisiones que, en el fondo, responden más a la presión de los beneficios que a la innovación genuina. La inteligencia artificial no es mala por sí misma, pero su narrativa puede ser manipulada. Y mientras los despachos anuncian inversiones millonarias en IA, los trabajadores de apoyo miran con incertidumbre cómo su experiencia, su tiempo, su función, se traducen en líneas de código. En este pulso entre eficiencia y equidad, la ley sigue siendo el árbitro. Pero la partida ya ha comenzado, y el resultado no se decidirá solo en los tribunales, sino en cada despacho, en cada reunión de socios, en cada decisión que convierta la tecnología en puerta de salida en lugar de herramienta de transformación.