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Bruselas estudia tocar uno de los pilares del RGPD para que las empresas puedan usar datos personales en el desarrollo y funcionamiento de sistemas de inteligencia artificial sin pedir antes el consentimiento. La idea aparece en el último texto de compromiso del Digital Omnibus, el paquete con el que la Unión Europea quiere simplificar parte de su regulación tecnológica.
No es una ley aprobada.
El cambio que ha encendido la polémica introduce de forma expresa la posibilidad de apoyar ese uso en el interés legítimo del artículo 6 del RGPD. Dicho de otro modo, abre la puerta a que una empresa alegue ese interés para entrenar u operar modelos de IA con información personal sin pasar por el permiso previo del usuario.
Septiembre volvió a abrir un debate que parecía cerrado
El documento fue preparado por la Presidencia irlandesa del Consejo y los Estados miembros lo discutieron en septiembre. Ahí está una de las claves del conflicto, porque el texto nace como propuesta de compromiso negociada entre gobiernos y no como norma ya asentada.
Max Schrems, fundador de la organización noyb, ha descrito ese escenario como una “expropiación digital” de los europeos.
"La protección de los datos personales no puede convertirse en el precio que paguemos por el desarrollo de la inteligencia artificial" - Anabel Arias, experta en derechos digitales de la Federación de Consumidores y Usuarios CECU
La discusión no se mueve solo entre activistas y empresas. También las propias autoridades europeas de protección de datos han puesto objeciones a la necesidad de reformar el reglamento en ese punto.
Los guardianes del RGPD cuestionan que haga falta ese atajo
El Comité Europeo de Protección de Datos y el Supervisor Europeo de Protección de Datos cuestionan la conveniencia de introducir este cambio. El choque resulta más llamativo porque llega cuando Europa acaba de fijar límites al entrenamiento con datos públicos, una señal de que el debate no gira solo en torno a la innovación, sino también a qué derechos se sacrifican por el camino.
Anu Talus, presidenta del Comité Europeo de Protección de Datos, admite que simplificar reglas puede ayudar a la competitividad europea. En la misma frase pone la línea roja, porque avisa de que esa simplificación no puede hacerse a costa de los derechos fundamentales.
Mientras tanto, la vida digital europea ofrece una paradoja difícil de ignorar.
El móvil concentra una rutina digital que ya toca casi todo
Según Eurostat, en 2025 casi nueve de cada diez personas de entre 16 y 74 años en la Unión Europea usaron el móvil para conectarse a internet. No hablamos de un gesto ocasional, sino del dispositivo desde el que mucha gente conversa, paga y se relaciona cada día.
El 88% de los internautas utilizó servicios de mensajería instantánea, el 72% redes sociales y el 74% banca online. Ese mapa dibuja un caudal de información personal que atraviesa desde conversaciones cotidianas hasta movimientos financieros, un terreno especialmente sensible si pasa a alimentar sistemas automáticos.
Además, el 76,9% tomó alguna medida para controlar el acceso a sus datos personales.
Más de la mitad restringió el uso de su ubicación o de su información con fines publicitarios. Ese detalle importa porque revela una expectativa social bastante nítida, ya que los usuarios ajustan controles para limitar la circulación de sus datos al mismo tiempo que Bruselas estudia ampliar las bases para reutilizarlos en inteligencia artificial.
La tensión no está en la tecnología, sino en el permiso
La controversia no nace de una duda técnica sobre cómo funcionan los modelos, sino de una pregunta mucho más cotidiana. ¿Puede alguien usar datos personales para desarrollar inteligencia artificial cuando la propia persona ya ha mostrado que intenta poner límites a quién accede a ellos?
Ese contraste recuerda otros pleitos sobre entrenamiento de IA, aunque aquí el foco no está en libros o imágenes, sino en la base misma del consentimiento y el interés legítimo. Al final, la escena queda resumida en dos cifras que chocan entre sí, porque un 76,9% intenta proteger sus datos mientras la UE estudia una vía para usarlos con menos fricción.