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El delito que más crece en Castilla y León ya no exige forcejear con una puerta ni vaciar un bolsillo en la calle. Basta un mensaje, una llamada o un enlace falso para alimentar unas estafas informáticas que el pasado año subieron un 11,4% hasta 24.913 casos, por encima de los 17.821 hurtos registrados en la comunidad.
La proporción explica el cambio de paisaje. Las estafas informáticas suponen el 88,15% de toda la cibercriminalidad en Castilla y León y casi han triplicado su volumen desde 2019.
El fraude entra por el móvil y aprovecha un gesto automático
Alicia del Barco, inspectora jefe del Grupo de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional en Valladolid, sitúa el phishing como el mecanismo más utilizado.
"El mecanismo más utilizado es el phishing, el envío de mensajes para suplantar la identidad de empresas conocidas, bancos o instituciones como la Agencia Tributaria o la Dirección General de Tráfico, con el objetivo de que la víctima haga clic en un enlace falso y así robar sus datos personales, cuentas bancarias y contraseñas". - Alicia del Barco, inspectora jefe del Grupo de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional en Valladolid
Lo inquietante es su normalidad. Un aviso de paquete, una multa supuestamente pendiente o un mensaje del banco caben en la rutina de cualquiera, y justo por eso el engaño funciona.
Del Barco añade que la mayoría de estos timos se intentan durante los fines de semana. En los casos de suplantación de identidad, la media de lo estafado ronda los 10.000 euros.
Sentarse antes de hacer clic.
Ese consejo de la inspectora resume una defensa poco tecnológica y muy eficaz. También recomienda no pinchar enlaces recibidos, contactar con el banco por medios propios y no facilitar el número de la tarjeta, una pauta que encaja con advertencias repetidas en fraudes con voces y vídeos clonados.
La voz ya sirve para engañar aunque parezca conocida
En febrero del año pasado, en Segovia, un estafador clonó la voz del obispo Jesús Vidal para pedir 2.200 euros a varios sacerdotes de la diócesis. La escena tiene algo de aviso de época, porque escuchar una voz familiar ya no garantiza identidad.
Ahí aparece una contradicción incómoda. La tecnología que prometía imitar mejor a una persona también abarata la mentira cuando el estafador conoce el tono, el contexto y la urgencia.
Los responsables de la Comandancia de la Guardia Civil de Burgos insisten en denunciar con rapidez y recuerdan que “nadie da duros a pesetas”. La advertencia parece antigua, pero conserva toda su vigencia frente a un fraude que cambia de disfraz sin dejar de apelar a la codicia o a la confianza.
Las criptomonedas multiplican el agujero económico
En Valladolid, las estafas ligadas a la compra de criptomonedas dejan una pérdida patrimonial media de 150.000 euros por caso. Algunos expedientes llegan al millón de euros.
Los especialistas del Cuerpo Nacional de Policía describen un mecanismo especialmente agresivo para la víctima. Explican que en estas estafas los inversores “están muertos” porque no solo pierden el dinero aportado, sino que además los delincuentes solicitan préstamos autorizados que acaban en cuentas extranjeras.
Funciona como una trampa con varias capas.
Los investigadores de la Policía Nacional lo resumen con una imagen bastante precisa al afirmar que “funcionan como auténticas empresas y mezclan elementos de estafas informáticas”. Esa mezcla une captación, presión psicológica, apariencia de legalidad y vaciado final de cuentas, como ya mostraban experimentos con inversión automatizada en criptomonedas que exponen lo fácil que resulta envolver el riesgo en lenguaje técnico.
Burgos acumuló casos donde el engaño duró años
La operación Prestabur dejó en Burgos una estafa de más de un millón y medio de euros durante seis años a siete víctimas. La Guardia Civil detuvo a una pareja de 59 y 68 años, mientras la mujer fingía ser beneficiaria de un capital de entre 700.000 y 900.000 euros procedente de una póliza de seguros.
No siempre hace falta internet para que el patrón sea reconocible. La promesa de un dinero fácil, la urgencia y la apariencia de legitimidad reaparecen una y otra vez, igual que en el fraude digital.
La misma provincia registró otro caso con una falsa doctora y su hijo, detenidos por estafar más de 300.000 euros. Vendían pastillas por 400 euros que en realidad eran complementos alimenticios valorados en 20 euros.
Entre el clic impulsivo, la voz clonada y la falsa inversión, la cifra que mejor resume el problema sigue siendo 24.913, porque detrás de ese número no hay un delito abstracto, sino miles de decisiones cotidianas convertidas en puerta de entrada para el engaño.