Vivir junto a un centro de datos no garantiza silencio, aunque los medidores oficiales marquen lo contrario. Los residentes cercanos en Estados Unidos denuncian mareos y vértigos constantes causados por una vibración que el oído no registra pero el cuerpo siente.
Estas molestias provienen de los infrasonidos, ondas de baja frecuencia generadas por las turbinas de gas natural y los sistemas de refrigeración industrial. A diferencia del ruido convencional, estas vibraciones atraviesan las paredes y se instalan como una presión física permanente en el interior de las viviendas.
La ley ignora la frecuencia que enferma a los vecinos
El conflicto legal reside en cómo se mide la contaminación acústica. La normativa vigente cuantifica el sonido en decibelios, una unidad que resulta ciega ante los infrasonidos. Esto crea un vacío regulatorio donde las empresas cumplen la ley mientras los afectados reportan daños graves a su salud, incluyendo insomnio crónico y náuseas.
Las constructoras eligen estas ubicaciones por pura lógica económica. Instalar la infraestructura cerca de redes eléctricas y de transporte existentes ahorra tiempo y dinero frente a la alternativa de construir en zonas deshabitadas. El ahorro corporativo se traslada directamente al bienestar de las comunidades colindantes.
La situación ha escalado más allá de las quejas individuales.
Actualmente existen 50 bloqueos activos contra proyectos de construcción de centros de datos en distintas regiones del país. Las protestas vecinales se han sumado a las críticas históricas sobre el enorme consumo de agua y energía que exige esta industria.
Las soluciones técnicas chocan con la realidad económica
El sector propone la refrigeración líquida como alternativa para eliminar el ruido de los ventiladores tradicionales. Sin embargo, esta tecnología presenta un coste elevado y no resuelve el problema de fondo, ya que no sustituye el uso de las turbinas eléctricas que también generan las vibraciones denunciadas.
Los infrasonidos operan en un límite perceptivo difícil de demostrar sin instrumentación específica, lo que complica la defensa legal de los residentes. La tensión entre el desarrollo tecnológico y la habitabilidad urbana queda patente en la imposibilidad actual de conciliar ambos intereses.