La primera multa del Consejo General del Poder Judicial por usar ChatGPT en un borrador judicial no castiga a una máquina. Castiga una omisión muy humana.
El órgano de gobierno de los jueces sancionó con 1.000 euros a un magistrado por redactar el borrador de una sentencia con ChatGPT y dejar dentro las consultas al chatbot. El 27 de abril descartó suspenderlo durante quince días al entender que la herramienta actuó como auxilio y complemento, pero no como sustituta del criterio judicial.
El error no estuvo en usar la herramienta, sino en llevarla al texto final
La escena resulta casi doméstica y, al mismo tiempo, inquietante. Un juez copia, pega, trabaja sobre un texto y olvida borrar el rastro de la conversación con una inteligencia artificial antes de convertir ese borrador en resolución.
Ese paso en falso llega cuando el propio Consejo General del Poder Judicial ya había fijado límites. El 28 de enero, el pleno aprobó la Instrucción 2/2026, primera norma oficial española sobre uso de inteligencia artificial en la actividad jurisdiccional, y prohibió a jueces y magistrados emplear sistemas no facilitados por las administraciones competentes o por el propio órgano.
La instrucción también excluye que la inteligencia artificial dicte sentencias, valore hechos o pruebas, o interprete y aplique el derecho de forma autónoma. Ahí está la frontera que el regulador ha querido dejar por escrito.
Los tribunales ya acumulan una cadena de errores muy concretos
No ha sido un tropiezo aislado dentro del mundo jurídico.
En Canarias, el Tribunal Superior de Justicia multó con 420 euros a un abogado por presentar un recurso de apelación con citas de jurisprudencia y referencias a informes inexistentes o erróneos generados por una herramienta de inteligencia artificial sin verificar. En Galicia, el Tribunal Superior de Justicia acordó abrir un proceso contra un letrado por un recurso de suplicación con 24 citas inexistentes o incorrectas atribuidas al uso de una inteligencia artificial generativa gratuita sin revisión.
Antes, en septiembre de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra abrió una pieza a otro abogado por citar un artículo del código penal colombiano como si fuera del español. La confusión nació de una alucinación de ChatGPT y, otra vez, de la falta de comprobación.
El Consejo General del Poder Judicial mantiene además pendiente de resolución el caso del juez de Ceuta Antonio Pastor. El asunto gira en torno a la validación presunta de una jurisprudencia inexistente aportada por la Fiscalía.
Alexander Salvador pone el foco donde duele de verdad
Alexander Salvador, diputado de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, sitúa el problema en la práctica profesional y no en la novedad técnica.
"Inteligencia artificial sí, porque es una herramienta auxiliar que nos puede ayudar a hacer mucho mejor nuestro trabajo, pero siempre con supervisión humana y con la máxima cautela; ChatGPT no es un abogado." - Alexander Salvador, diputado de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona
Su argumento rebaja el tono apocalíptico y, a la vez, endurece la exigencia. Si la herramienta solo auxilia, quien firma sigue cargando con toda la responsabilidad.
Salvador lo formula de manera aún más directa cuando recuerda que la autoría del error no desaparece porque intervenga un chatbot. También compara esta mala praxis con la de quien copia una sentencia desde una base de datos clásica y la pega sin revisar si guarda relación con el caso, una rutina antigua que destapó citas judiciales falsas en otro procedimiento.
"Por mucho que uses ChatGPT, Google o abras un libro y lo plasmes, la responsabilidad siempre es del abogado, no de la herramienta." - Alexander Salvador, diputado de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona
Esa idea explica por qué habla de casos aislados tanto en la judicatura como en la abogacía y, al mismo tiempo, admite que la IA agrava los efectos de cualquier descuido. Un error de copia ya existía antes, pero ahora puede fabricar citas, informes o artículos legales con una soltura engañosa.
La discusión ya no afecta solo a jueces y abogados
Fuera de los despachos, el problema alcanza a los ciudadanos que intentan entender hasta dónde pueden apoyarse en un chatbot para preparar un pleito. En España, la autorrepresentación está limitada a juicios verbales de hasta 2.000 euros, mientras que en el resto de casos hace falta abogado y procurador o abogado de oficio.
Mientras tanto, en Estados Unidos aparece otra grieta menos visible y quizá más delicada. Un tribunal federal de Michigan resolvió este año que la conversación entre un ciudadano y un chatbot para preparar un caso goza del mismo secreto que la conversación con un abogado, pero un tribunal de Nueva York decidió lo contrario, una divergencia que ya había asomado en el privilegio abogado cliente.
Por eso legisladores estatales y federales estadounidenses plantean leyes para impedir que los chatbots se hagan pasar por abogados o por médicos. Cuando una herramienta conversa con soltura jurídica, la tentación de confundir asistencia con asesoramiento deja de ser teórica.
Al final, la cifra más pequeña del relato quizá sea la más expresiva. Una multa de 1.000 euros ha bastado para recordar que en justicia el problema no es que una máquina escriba, sino que alguien firme sin comprobar.