La privacidad profesional desaparece al teclear una pregunta en un chatbot. Dos tribunales de Estados Unidos han admitido ya estas interacciones como prueba válida en juicios.
El borrado de chats delata la mala fe ante el juez
Un director ejecutivo buscaba evitar un pago millonario y preguntó a la inteligencia artificial cómo proceder. La herramienta le sugirió despedir empleados para reducir costes. Cuando el caso llegó a los tribunales, la empresa intentó ocultar ese intercambio digital.
El tribunal consideró que borrar esa conversación era un indicio de mala fe. Esta decisión marca un precedente claro sobre la transparencia exigida en la era algorítmica.
Víctor Salgado, abogado experto en derechos digitales, advierte sobre la diferencia crucial con la asesoría tradicional. "Si consultamos a un abogado, la conversación permanece en secreto. Pero con ChatGPT no sucede lo mismo", explica Salgado.
Los gigantes tecnológicos entregan datos bajo orden judicial
La falta de secreto profesional permite a los letrados exigir registros a compañías como OpenAI o Anthropic. Los jueces estadounidenses respaldan estas reclamaciones durante los procedimientos legales.
"Cuidado con lo que comentamos y con la información que introducimos. Pensemos siempre que hay una oreja escuchando", señala Salgado. La confianza ciega en la discreción de estas plataformas constituye un error estratégico grave.
Musk demanda a Altman por traicionar el origen sin ánimo de lucro
California acoge el juicio por el control de OpenAI entre Elon Musk y Sam Altman. El fundador de Tesla sostiene que la organización nació comprometida con el código abierto y fines no lucrativos.
"Elon Musk considera que OpenAI ha traicionado el espíritu con el que se creó", detalla Salgado. Satya Nadella, presidente de Microsoft, deberá declarar también en este conflicto corporativo de alto nivel.
Europa multa a Meta por no proteger a los menores
La Comisión Europea investiga a Meta por incumplir la Ley de Servicios Digitales. Las conclusiones provisionales señalan que la compañía no verifica adecuadamente la edad de sus usuarios más jóvenes.
El organismo regulatorio considera insuficientes las medidas para restringir el acceso a contenidos inapropiados. La sanción económica podría alcanzar el 6 por ciento de la facturación mundial de la empresa.
Víctor Salgado observa con escepticismo la eficacia disuasoria de estas multas. "Mientras las multas no les duelan, seguirán haciendo lo que quieren", concluye el jurista.