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Dinamarca quiere poner una línea roja donde hoy casi todo circula con demasiada facilidad. Su nuevo proyecto de ley convertiría en ilegal la difusión de imitaciones digitales realistas de la imagen o la voz de una persona cuando no exista consentimiento.
La reforma protege la identidad cuando ya puede copiarse con un audio
El Ministerio de Cultura danés pretende que la reforma entre en vigor a principios de 2027. La norma distingue dos niveles de protección, uno general para cualquier ciudadano frente a imitaciones realistas de rasgos personales y otro específico para artistas e intérpretes.
Ahí aparece una decisión jurídica nada menor. Dinamarca no pone el foco en la creación de esas imitaciones, sino en su difusión, y deja fuera de la prohibición la caricatura, la parodia, la sátira y la crítica al poder y a la sociedad.
Las herramientas para detectar estas falsificaciones pueden perder hasta un 50% de rendimiento cuando analizan imitaciones digitales reales en redes sociales.
Europa ya obliga a etiquetar, pero Dinamarca quiere ir más allá
Desde el 2 de agosto de 2026, la Unión Europea exige identificar las imitaciones digitales bajo el artículo 50 de la Ley de Inteligencia Artificial. La infracción puede acarrear multas de hasta 15 millones de euros o el 3% de la facturación mundial.
Ese marco europeo obliga a avisar, pero no resuelve por sí solo qué ocurre cuando el contenido ya circula y el parecido basta para dañar una reputación en minutos. Zenia Stampe, ministra de Cultura de Dinamarca, ha situado ahí uno de los objetivos centrales de la reforma, que las grandes plataformas retiren con rapidez el material manipulado para limitar el daño.
Francia ya prohíbe compartir contenido generado por inteligencia artificial de una persona sin su consentimiento cuando no resulte evidente su carácter artificial o no esté indicado, una línea que conecta con la transparencia exigida a los deepfakes. En el Reino Unido, crear o pedir imitaciones digitales íntimas sin consentimiento es delito desde febrero, y compartir ese material puede acarrear hasta dos años de cárcel.
La pelea legal ya no afecta solo a famosos ni a campañas políticas
No se trata solo de celebridades.
Matthew McConaughey ya tiene registros de marca concedidos para proteger su imagen y su voz, mientras Taylor Swift ha presentado solicitudes en la misma dirección, un movimiento que recuerda el registro de voz e imagen como vía defensiva. Giorgia Meloni también quiere registrar su voz como marca para frenar las imitaciones generadas con inteligencia artificial.
Lo llamativo es que el conflicto avanza a dos velocidades. Por un lado, los gobiernos empiezan a fijar límites para la circulación del engaño y, por otro, figuras públicas buscan refugio en el derecho de marcas para proteger algo tan difícil de cercar como una voz reconocible.
Entre multas europeas de hasta 15 millones de euros y sistemas de detección que pueden caer un 50%, la disputa ya no gira solo en torno a si una falsificación puede hacerse, sino a cuánto tarda en desaparecer cuando ya la ha visto medio mundo.