El Consejo de Ministros aprobó el martes 17 de mayo de 2026 una Oferta de Empleo Público con 27.232 nuevas plazas para la Administración. La decisión carece del respaldo de los sindicatos mayoritarios CCOO, CSIF y UGT, que han rechazado la cifra por considerarla inadecuada ante la realidad estructural del sector.
La digitalización exige perfiles tecnológicos inéditos
Por primera vez, la convocatoria incluye plazas específicas para especialistas en inteligencia artificial, ciberseguridad y ciencia del dato. El volumen de ofertas vinculadas a las tecnologías de la información supera las 1.700 posiciones, lo que supone un aumento del 40% respecto a la convocatoria anterior.
Las necesidades del cuerpo superior de sistemas y tecnología de la información se han triplicado. Este incremento del 200% refleja la prioridad del ejecutivo por modernizar la infraestructura técnica del Estado frente a la obsolescencia de los procesos tradicionales.
"Con esta oferta pública de empleo nos planteamos dar un salto trascendental" - Óscar López, ministro de Función Pública y Transformación Digital
Óscar López, ministro de Función Pública y Transformación Digital, fijó como meta digitalizar al menos otro 25% de los servicios que presta la Administración. Para lograrlo, el departamento aprovechará las nuevas herramientas que permiten la digitalización y la inteligencia artificial con el fin de mejorar la atención a la ciudadanía.
Los sindicatos alertan sobre el déficit de efectivos
CCOO y UGT califican de insuficientes las plazas convocadas. Su postura contrasta con la visión optimista del gobierno, ya que consideran que la oferta no cubre las necesidades básicas de funcionamiento de los organismos públicos.
CSIF advirtió de que estas cifras impedirán solucionar problemas estructurales en ámbitos tan sensibles como el SEPE, la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, la DGT o Instituciones Penitenciarias, Interior o Defensa. La central sindical señala que el déficit de personal compromete la operatividad diaria de estos servicios esenciales.
La reducción de la jornada laboral en la Administración General del Estado de 37,5 a 35 horas semanales equivale a la pérdida de unos 17.500 empleos a tiempo completo. Esta merma de capacidad humana ocurre justo cuando se intenta impulsar una transformación digital acelerada.
La inteligencia artificial redefine el mercado laboral
Funcas estima que la inteligencia artificial podría destruir entre 1,7 y 2,3 millones de empleos en la próxima década. En el escenario más optimista la pérdida neta de empleos se reduciría a unos 100.000, mientras que en el más pesimista podría alcanzar los 1,9 millones.
Un informe de Randstad advierte que la destrucción de empleo se concentrará en los empleados administrativos y los técnicos de nivel medio. Este dato contextualiza la tensión entre la creación de plazas tecnológicas y la reducción de puestos tradicionales en la esfera pública.
La apuesta por la inteligencia artificial en el sector público busca compensar esta tendencia mediante la eficiencia tecnológica. El gobierno pretende que la automatización supla la falta de efectivos humanos en tareas rutinarias y burocráticas.
La brecha entre la destrucción potencial de puestos y la creación de nuevas especialidades marca el debate actual. La administración intenta equilibrar la balanza contratando expertos en datos mientras reduce su dependencia de la gestión administrativa clásica.