Las redes sociales están bajo el foco de una investigación penal sin precedentes en España. Tras un acuerdo del Gobierno el pasado 17 de febrero, la Fiscalía ha recibido el impulso para actuar contra plataformas como X, TikTok y Meta por la creación y difusión de pornografía infantil generada con inteligencia artificial. El motivo no es menor un entorno digital que, según el Ejecutivo, ha normalizado delitos que atentan directamente contra la intimidad y la seguridad de los menores. Y esta vez, las consecuencias podrían llegar hasta los responsables directos de esas empresas.
Un giro legal con peso institucional
El mecanismo utilizado no es habitual. El Gobierno ha invocado el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, una herramienta que permite al Ejecutivo pedir al fiscal general del Estado que promueva actuaciones judiciales en defensa del interés público. En este caso, la petición fue respaldada de forma unánime por la Junta de Fiscales de Sala. Ahora, la decisión final recae en Teresa Peramato, fiscal general del Estado, cuya resolución marcará un antes y un después en la relación entre las grandes tecnológicas y la justicia española.
La solicitud concreta es clara que la Fiscalía ejerza las acciones penales que considere oportunas, establezca criterios de actuación y cree mecanismos que permitan a las víctimas y sus representantes legales defender sus derechos. Este no es solo un caso de delincuencia digital, sino una apuesta por redefinir la responsabilidad de las plataformas sobre los contenidos que albergan y propagan.
IA, plataformas y el riesgo de impunidad
Los programas de inteligencia artificial Grok, de X, y Meta AI han sido señalados directamente por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como herramientas que permiten la generación de material pedófilo. En un mensaje publicado en X, Sánchez denunció que estas plataformas están atentando contra la salud mental, la dignidad y los derechos de los menores. "Se han convertido en un Estado fallido, en el que se ignoran las leyes y se toleran los delitos", afirmó. Y añadió "La impunidad de los gigantes debe acabar".
El argumento del Ejecutivo va más allá de la mera difusión. Sostiene que podría haber responsabilidad penal dentro de las propias plataformas por el dominio que ejercen sobre los contenidos. No se trata solo de lo que los usuarios suben, sino de cómo los algoritmos lo recomiendan, amplifican o incluso generan. Un entorno digital caracterizado por la impunidad y la tolerancia hacia prácticas delictivas que ponen en riesgo a los más vulnerables.
Acciones concretas y cooperación internacional
La Fiscalía ya ha empezado a mover ficha. Elvira Tejada, fiscal coordinadora de Criminalidad Informática, ha propuesto tres vías de actuación. Primero, profundizar en las investigaciones abiertas a nivel territorial para analizar la responsabilidad de las plataformas. Segundo, colaborar con la Fiscalía francesa, que ya ha registrado la sede parisina de X y ha citado a Elon Musk. Francia, además, ha ofrecido compartir con España toda la documentación relevante. Tercero, abrir un procedimiento nacional para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado recojan material de abuso infantil generado por IA en fuentes abiertas y lo investiguen.
Por su parte, Francisco Jiménez Villarejo, fiscal de Cooperación Internacional, ha abogado por una respuesta global. Sugiere incluir no solo acciones penales, sino también de protección de datos y derechos de consumidores. Además, propone crear un equipo conjunto de trabajo dentro del ministerio fiscal dedicado exclusivamente a este asunto. Varios fiscales también han planteado remitir al Gobierno propuestas de reforma legislativa, especialmente en el ámbito penal.
Un enfoque integral más allá del código penal
La ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal ha advertido que las medidas penales deben ir acompañadas de otras contempladas en la ley del menor. La protección no puede quedarse en sancionar; debe anticiparse, prevenir y reparar. El daño, una vez hecho, es irreversible, y la ley debe actuar antes, no solo después.
El contexto internacional refuerza la urgencia. La Comisión Europea ya investiga a Meta, TikTok y Grok bajo el reglamento de servicios digitales. Francia ha dado pasos concretos con registros y citaciones. España, ahora, podría sumarse a esta ofensiva colectiva con un enfoque propio, pero alineado con una tendencia continental exigir responsabilidades claras a quienes gestionan los espacios digitales donde millones de personas, incluidos niños, pasan gran parte de su vida.
Las cinco medidas anunciadas desde Dubái
El pasado 3 de febrero, desde Dubái, Pedro Sánchez anunció un paquete de cinco medidas. La más mediática prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años. La justificación, dijo, es proteger su salud mental frente a contenidos nocivos. "Les protegeremos del salvaje Oeste digital", afirmó. Otras medidas incluyen legislar para responsabilizar penalmente a directivos de tecnológicas, introducir el delito de manipulación de algoritmos y crear un sistema de monitorización de discursos tóxicos. Este último funcionaría como una especie de huella de odio y polarización, capaz de rastrear cómo las plataformas alimentan la división social.
Las redes sociales ya no son solo espacios de ocio o comunicación. Son ecosistemas con poder para moldear opiniones, afectar emociones y, en los peores casos, facilitar delitos graves. La decisión de investigarlas por pornografía infantil generada con IA no es un paso aislado. Es un parte de guerra contra la impunidad digital. Y, esta vez, el Estado parece decidido a no quedarse de brazos cruzados.