España ya ha dibujado el mapa de castigos para quien use mal la inteligencia artificial, pero hay una paradoja difícil de pasar por alto. La obligación de etiquetar contenidos creados con IA llegará el 2 de agosto de este año, mientras que la ley no entrará en vigor antes de que termine 2027.
Durante más de un año, por tanto, convivirán deberes formales con una capacidad limitada para sancionar a las empresas. Esa grieta temporal importa porque la norma no se queda en principios generales, sino que baja al terreno de las multas, la supervisión humana y el uso cotidiano de estas herramientas en la administración y en el mercado.
La ley reparte la responsabilidad más allá del desarrollador
El proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial adapta la legislación española al marco de la Unión Europea. Y lo hace ampliando el foco, porque no solo apunta a quien diseña un sistema, sino también a las empresas que lo despliegan y a los usuarios finales.
Ahí aparece una de las claves del texto. La norma obliga a mantener supervisión humana en los sistemas de alto riesgo, una exigencia que busca evitar que decisiones delicadas queden enteramente en manos de un algoritmo.
Usar uno de esos sistemas sin control humano no saldrá barato. La sanción prevista alcanza los 15 millones de euros o el 3% de la facturación, una cifra que convierte esa supervisión en algo más que una recomendación técnica.
Las multas suben desde 6.000 euros hasta 35 millones
El régimen sancionador cubre un abanico muy amplio. Los incumplimientos leves podrán castigarse con multas desde 6.000 euros hasta 500.000 euros o el 0,5% de la facturación total.
Cuando la infracción sube de nivel, el salto también lo hace la cuantía. Las faltas graves podrán alcanzar 35 millones de euros o el 7% de la facturación mundial, un umbral pensado para que el castigo no resulte irrelevante en grandes compañías.
Sin embargo, la administración pública jugará con reglas distintas. Las multas económicas no se aplicarán a los organismos públicos, que recibirán amonestaciones y actuaciones disciplinarias en caso de incumplimiento.
Los deepfakes sexuales quedan prohibidos y el resto deberá avisar
No toda la discusión gira en torno a modelos de alto riesgo. La ley también entra en un terreno especialmente sensible, el de los contenidos manipulados o generados con IA que pueden confundirse con material real.
Queda prohibida la creación de deepfakes de carácter sexual y también la generación de pornografía infantil con herramientas de inteligencia artificial. En los demás casos, el contenido sintético deberá identificarse desde su primera difusión de forma clara y distinguible.
Desde el 2 de agosto de este año, vídeos e imágenes generados con IA tendrán que incluir una marca de agua en una esquina con las siglas AI. En el caso del audio, el sello deberá aparecer en la aplicación de reproducción o incorporarse una advertencia de que ese sonido ha sido generado por inteligencia artificial.
El Gobierno quiere dejar rastro de cada sistema que use la administración
Más allá del castigo, el Ejecutivo defiende que ha elevado su nivel de autoexigencia con medidas de transparencia. La más visible será la creación de un inventario público de todos los sistemas de inteligencia artificial utilizados en procedimientos administrativos.
Además, la norma incorpora la figura del delegado de inteligencia artificial para coordinar su uso en el sector público. La idea apunta a algo muy concreto, que cada organismo no actúe por libre cuando incorpore herramientas que pueden afectar a decisiones administrativas.
La vigilancia recaerá en varios organismos y no solo en uno
La supervisión del cumplimiento no quedará concentrada en una sola ventanilla. La Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial llevará el peso principal, con apoyo de la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo General del Poder Judicial y el Banco de España.
Mientras tanto, la propia agencia busca músculo para esa tarea. La Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial planea contratar 50 analistas antes de que finalice el año, una cifra que da una pista del volumen de trabajo que espera asumir.
El detalle que mejor resume la tensión de esta norma está en el calendario. España exigirá marcas de agua con las siglas AI, advertencias en audios y supervisión humana en usos delicados antes de que el sistema sancionador esté plenamente en pie, de modo que la pedagogía y la vigilancia arrancarán bastante antes que las multas.