España ya tiene sobre la mesa una ley para ordenar el uso de la inteligencia artificial, y no llega en un vacío legal ni en una carrera improvisada. El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley Orgánica para su envío al Congreso, con la vista puesta en un terreno delicado, el de los derechos fundamentales.
La clave está en que la norma adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento europeo de Inteligencia Artificial, que entró en vigor en agosto de 2024. No habla solo de máquinas o programas, sino de quién responde cuando una decisión automatizada puede rozar la intimidad, la igualdad o la tutela judicial.
La ley pone límites cuando la IA afecta a derechos
El proyecto exige responsabilidad a quienes utilicen sistemas prohibidos por la Unión Europea e impone supervisión humana en los casos que puedan afectar a derechos fundamentales. Ahí aparece una idea de fondo que va más allá del laboratorio. Si una herramienta decide, clasifica o influye, alguien debe vigilarla.
El 7 de mayo, además, la Unión Europea acordó añadir dos sistemas prohibidos a los ocho que ya estaban en vigor. Entre ellos figura la prohibición de sistemas de IA capaces de generar deepfakes sexuales, una práctica que ha convertido la manipulación digital en una forma de violencia con consecuencias muy concretas fuera de la pantalla.
Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, sitúa el debate en ese cruce entre tecnología y derechos.
"Hemos dado un salto muy importante en un debate que es absolutamente civilizatorio. Estamos hablando de avanzar o retroceder" - Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública
El texto también reparte funciones de vigilancia entre varias instituciones. La supervisión de los sistemas no regulados por legislación de producto recaerá en la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial, la Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo General del Poder Judicial.
Las multas alcanzan cifras que ninguna empresa puede ignorar
Las sanciones dibujan con claridad el tamaño del problema. Las infracciones muy graves pueden llegar a 35 millones de euros o al 7% del volumen de negocio, mientras que las leves podrán alcanzar 500.000 euros o el 0,5% del volumen de negocio.
No es un detalle menor. En materia tecnológica, muchas veces la diferencia entre una recomendación y una obligación real aparece justo ahí, en la capacidad de castigar conductas que hasta hace poco podían moverse en zonas grises.
El Estado quiere saber qué sistemas usa ya la administración
La norma incorpora un inventario de sistemas de IA utilizados en procedimientos administrativos. También crea la figura del delegado de IA, aunque ambos elementos se desarrollarán después por Real Decreto.
Ese inventario apunta a una pregunta muy cotidiana y muy política a la vez. Cuando una administración usa inteligencia artificial para tramitar, priorizar o analizar, el ciudadano tiene derecho a saber dónde está entrando ese sistema y bajo qué reglas opera.
A la vez, el proyecto introduce un espacio controlado de pruebas a escala nacional operado por la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial. Su creación no es optativa, porque el Reglamento europeo la exige como parte del nuevo marco común.
El Gobierno defiende que regular no frena la adopción
Frente a la vieja idea de que poner normas enfría la innovación, el Gobierno plantea la tesis contraria. Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha defendido que regulación e innovación no compiten, sino que avanzan juntas.
En otra de sus declaraciones, López sostuvo que España quiere participar en la construcción de una IA confiable, ética y humanista. También afirmó que el país es líder mundial tanto en desarrollo y adopción de esta tecnología como en su regulación.
Ahí está la tensión de fondo que acompañará el paso del texto por el Congreso. La misma ley que abre un espacio nacional de pruebas fija multas de hasta 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocio, y obliga a que la supervisión humana entre en escena justo cuando la IA toca derechos fundamentales.