España ya no discute si debe regular la inteligencia artificial. Discute quién vigila, quién corrige y quién paga cuando un sistema falla.
El proyecto ya entró en las Cortes y reparte el poder de vigilancia
El 26 de mayo, el Consejo de Ministros inició la tramitación parlamentaria en las Cortes Generales del Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial. La publicación del 26 de junio retrata un paso que aterriza en España el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, en vigor desde agosto de 2024.
No todo quedará en manos de un único supervisor.
La Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial asumirá las funciones de autoridad de vigilancia de mercado y actuará como punto de contacto único ante la Unión Europea. Además, presidirá y gestionará la Comisión Mixta de Coordinación de Autoridades de Vigilancia del Mercado.
Al mismo tiempo, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, el Consejo General del Poder Judicial y la Junta Electoral Central conservarán sus respectivas atribuciones reguladoras. Ese reparto evita una imagen de ventanilla única absoluta y dibuja un mapa mucho más parecido al de la propia Administración española, donde cada ámbito sensible protege su parcela.
La biometría en fronteras tendrá un vigilante distinto
Ahí aparece una excepción relevante. La Agencia Española de Protección de Datos será la autoridad de vigilancia de mercado para los sistemas de inteligencia artificial utilizados en la gestión de fronteras y en la identificación y categorización biométrica.
El detalle no es menor, porque desplaza el foco hacia uno de los terrenos donde más chocan automatización y derechos. Cuando la IA clasifica cuerpos, rostros o movimientos, la pregunta no es solo técnica, también afecta a la intimidad y al modo en que el Estado observa a las personas.
Las multas pueden llegar a 35 millones de euros
Las infracciones muy graves podrán alcanzar sanciones de hasta 35 millones de euros o el 7 % del volumen de negocio anual. En las pequeñas y medianas empresas y en las empresas emergentes, la multa se calculará aplicando el menor de los importes previstos legalmente.
Después entra un matiz práctico que suele decidir más que un titular. La norma introduce reducciones por pronto pago y da prioridad a la adopción de medidas correctoras inmediatas, una fórmula que combina castigo y rectificación en vez de limitarse a la sanción pura.
Ese equilibrio ya había aparecido en las amonestaciones a la Administración, donde el debate no giraba solo en torno a cuánto cuesta incumplir, sino a cómo forzar cambios reales dentro de estructuras que rara vez se mueven deprisa.
La Administración tendrá inventario, delegado y un castigo distinto
El sector público estatal deberá crear un inventario de todos los sistemas de inteligencia artificial utilizados en procedimientos administrativos. También designará un Delegado de Inteligencia Artificial encargado de fiscalizar la contratación pública y coordinar la aplicación de la norma en ese mismo ámbito.
Aquí la ley cambia de tono.
Las sanciones para las administraciones públicas quedarán limitadas a apercibimientos y medidas disciplinarias internas, con exclusión de multas económicas. La diferencia resulta llamativa porque un mismo ecosistema tecnológico convivirá con dos lógicas sancionadoras, una económica para empresas y otra interna para organismos públicos.
Los entornos de prueba seguirán funcionando antes del mercado
La nueva ley consolida el modelo de gobernanza de los entornos de prueba para que los proveedores de sistemas de inteligencia artificial puedan probar sus sistemas en condiciones reales antes de lanzarlos al mercado. Es una pieza menos visible que las multas, pero toca un punto decisivo, porque muchas decisiones sobre seguridad y fiabilidad no se juegan en el escaparate final, sino en la fase en la que todavía hay margen para corregir.
Esa idea conecta con el retraso europeo de la marca de agua, otra señal de que regular la IA consiste menos en anunciar grandes principios que en decidir dónde se prueba, quién supervisa y cuándo empieza de verdad la obligación de cumplir.
Al final, la foto que deja el texto tiene una rareza difícil de ignorar. Una empresa podrá afrontar hasta 35 millones de euros o el 7 % de su negocio anual, mientras una administración quedará expuesta a apercibimientos y disciplina interna por usar inteligencia artificial en sus procedimientos.