España ha puesto sobre la mesa una ley para ordenar la inteligencia artificial con una idea de fondo que no es técnica, sino política. El 27 de mayo de 2026 el Gobierno presentó el Proyecto de Ley Orgánica para el Buen Uso y la Gobernanza de la Inteligencia Artificial, un texto que ahora debe pasar por el Congreso de los Diputados para adaptar el marco español al reglamento europeo.
Pedro Sánchez situó el debate lejos del entusiasmo automático con una frase que apunta al centro del problema.
"Tiene razón el Papa, ninguna tecnología es neutral y por tanto la inteligencia artificial tampoco es neutral" - Pedro Sánchez, presidente del Gobierno
No es un matiz menor. Si una herramienta decide, clasifica o recomienda, también reparte oportunidades, errores y sesgos en ámbitos tan cotidianos como un trámite administrativo, una oferta de empleo o el acceso a un servicio.
La ley prohíbe usos que afectan a derechos básicos
El proyecto veta sistemas que empleen técnicas subliminales para manipular decisiones, que exploten vulnerabilidades ligadas a la edad o a la discapacidad, o que apliquen puntuación social para limitar derechos o servicios. También prohíbe la clasificación biométrica a partir de rasgos sensibles.
A iniciativa española, la Unión Europea incorporó además la prohibición de generar falsificaciones audiovisuales de carácter sexual con inteligencia artificial, una de las formas más visibles de daño digital en los últimos años.
Esa combinación entre manipulación invisible y falsificación explícita dibuja bien el alcance del texto. La ley no mira solo a laboratorios o grandes plataformas, también entra en espacios donde una decisión automatizada puede tocar la reputación, la intimidad o el acceso a prestaciones.
Las multas llegan a cifras que ya pesan en cualquier balance
El régimen sancionador prevé castigos altos para las infracciones muy graves. Las multas podrán alcanzar 35 millones de euros o el 7 % del volumen de negocio, mientras que las leves llegarán hasta 500.000 euros o el 0,5 % del volumen de negocio.
Óscar López, ministro de Transformación Digital y Función Pública, defendió ese marco con un tono abiertamente político. Para el ministro, España es “el líder mundial en la regulación de la inteligencia artificial”.
"Hemos dado un salto muy importante en un debate que es absolutamente civilizatorio. Estamos hablando de avanzar o retroceder" - Óscar López, ministro de Transformación Digital y Función Pública
La expresión puede sonar solemne, pero la arquitectura de control sí tiene efectos concretos. Empleo, biometría y educación quedarán bajo la supervisión de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo General del Poder Judicial.
La Administración tendrá que enseñar qué algoritmos usa
Una de las novedades más tangibles afecta al propio Estado. El sector público estatal deberá elaborar un inventario público de los sistemas de inteligencia artificial que use en procedimientos administrativos y crear la figura del delegado o delegada de inteligencia artificial.
No es un detalle burocrático. Publicar ese mapa permite saber dónde opera ya la automatización en la relación con los ciudadanos, un terreno que conecta con debates previos sobre algoritmos en la administración y sobre qué controles existen cuando una máquina participa en una decisión pública.
Además, el texto habilita un entorno controlado de pruebas nacional gestionado por la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. En ese espacio participarán autoridades vinculadas a políticas públicas y derechos fundamentales.
La crítica aparece justo donde la ley pierde fuerza
Asociaciones de internautas, organizaciones de derechos digitales y juristas han puesto el foco en una excepción incómoda. Critican que las administraciones públicas queden fuera del régimen de sanciones económicas y denuncian la falta de incentivos reales para corregir malas prácticas.
Ahí aparece la contradicción principal del proyecto. El Estado obligará a vigilar, registrar y ordenar el uso de la inteligencia artificial, pero no se impondrá a sí mismo las mismas multas que sí podrán recibir otros actores, una asimetría que ya ha alimentado debates sobre regulación europea y responsabilidad institucional.
Queda otro detalle nada secundario. El cumplimiento efectivo de las obligaciones en el sector público se desarrollará mediante reales decretos, de modo que el corazón más delicado de la ley convive ya con una tensión clara entre el inventario público de algoritmos y la ausencia de sanciones económicas para quien los use mal.