La inteligencia artificial ha entrado en una fase menos vistosa y mucho más decisiva. Ya no se discute solo qué puede hacer, sino quién responde cuando invade la intimidad, usa datos personales o convierte el trabajo ajeno en materia prima. España, los tribunales de Estados Unidos y una nueva demanda de CNN dibujan esa misma frontera desde ángulos distintos.
España pone multas y prohíbe un uso que ya circulaba
El Gobierno ha aprobado el proyecto de ley que adaptará el marco jurídico español al Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. La norma prohíbe los deepfakes sexuales, es decir, contenidos falsos generados con IA que usan la imagen de una persona sin su consentimiento.
Aquí no hablamos de un riesgo abstracto, sino de una práctica concreta que afecta a la reputación, la privacidad y la vida cotidiana de las víctimas. Las sanciones previstas oscilan entre 6.000 y 35 millones de euros según la gravedad de la infracción.
Desde A Coruña, la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial asumirá la tarea de vigilar proyectos, comprobar que cumplen la norma y castigar los incumplimientos. En los casos que impliquen tratamiento de datos personales o biométricos mediante sistemas de IA, intervendrá además la Agencia Española de Protección de Datos.
Esa arquitectura de control encaja con un debate que ya no gira solo alrededor de la tecnología, sino también de sus efectos sociales. En textos recientes sobre multas por deepfakes sexuales, ese punto de fricción aparece con toda claridad.
La pelea por OpenAI tropieza en el calendario judicial
Mientras España ajusta su marco legal, en Estados Unidos un tribunal ha desestimado la demanda de Elon Musk contra Sam Altman y OpenAI por un motivo procesal. El juez ha considerado que la acción se presentó fuera de plazo.
Musk reclamaba alrededor de 150.000 millones de dólares por el supuesto incumplimiento de los principios fundacionales de OpenAI como entidad sin ánimo de lucro. La cifra retrata hasta qué punto la disputa dejó de ser una diferencia filosófica sobre la IA para convertirse en una batalla con dimensiones empresariales gigantescas.
Ahora bien, la desestimación no cierra el conflicto. Los abogados de Elon Musk ya han anunciado que recurrirán la decisión judicial.
De momento, el fallo despeja temporalmente el camino para que OpenAI avance en movimientos empresariales, incluida una posible salida a bolsa. No es un detalle menor, porque el reloj judicial y el reloj financiero rara vez laten al mismo ritmo.
CNN lleva a Perplexity a los tribunales por el uso de sus contenidos
Al mismo tiempo, otra grieta se abre en el terreno de la propiedad intelectual. CNN ha presentado una demanda contra Perplexity por el uso no autorizado de contenidos protegidos por derechos de autor.
La cadena rechazó que sus publicaciones se utilizaran tanto para entrenar modelos de inteligencia artificial como para reproducir contenidos sin una licencia específica. Ahí aparece uno de los nudos más incómodos de esta etapa, porque muchas herramientas prometen respuestas inmediatas apoyándose en materiales que otros tardaron años en producir.
Antes de llegar al juzgado hubo conversaciones, pero no bastaron. Las negociaciones entre CNN y Perplexity no alcanzaron un acuerdo y el conflicto terminó en la vía judicial, un terreno donde ya asoman riesgos por uso de datos personales ligados al entrenamiento de estos sistemas.
Entre multas de hasta 35 millones de euros en España, una reclamación de 150.000 millones de dólares contra OpenAI y una demanda por derechos de autor presentada por CNN, la discusión sobre la inteligencia artificial se parece cada vez menos a una carrera de lanzamientos. Se parece más a una pregunta muy antigua con herramientas nuevas, quién paga cuando una máquina cruza la línea.