El martes 3 de febrero, desde Dubái, Pedro Sánchez lanzó una advertencia que resonó más allá de las fronteras el Estado español ya no mirará hacia otro lado. Las grandes plataformas digitales, según su diagnóstico, han dejado de ser simples intermediarios tecnológicos para convertirse en espacios donde se perpetúan delitos con impunidad. Y ahora, el Gobierno da un paso sin precedentes pedir a la Fiscalía que investigue a X, Meta y TikTok por la posible creación y difusión de pornografía infantil mediante inteligencia artificial.
Un giro jurídico con peso político
El Consejo de Ministros activará el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, una herramienta poco utilizada que permite al Gobierno instar a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, a promover actuaciones penales cuando esté en juego el interés público. En este caso, el interés público es claro proteger a los menores de una amenaza que ya no es futurista, sino inminente.
Las herramientas de inteligencia generativa como Grok, integrada en X, o Meta AI, no son meros chatbots inofensivos. Según el informe técnico elaborado por los ministerios de Presidencia, Transformación Digital y Juventud, estos sistemas pueden ser manipulados para generar contenidos altamente dañinos, incluidos abusos sexuales contra menores. Y lo más preocupante los algoritmos que rigen estas plataformas no solo permiten su difusión, sino que en muchos casos la potencian.
El Gobierno ya no atribuye la responsabilidad solo a los usuarios que abusan de estas tecnologías, sino también a las propias plataformas por el control que ejercen sobre los contenidos. Es un cambio de paradigma. Hasta ahora, las redes sociales se han amparado en su condición de intermediarios, argumentando que no son responsables del mal uso que terceros hagan de sus servicios. Pero Sánchez insiste cuando dominas el entorno digital, cuando diseñas los algoritmos que deciden qué se ve y qué se silencia, la responsabilidad no puede escaparse.
Un entorno digital fuera de control
"Se han convertido en un Estado fallido, en el que se ignoran las leyes y se toleran los delitos", afirmó el presidente. Y en un mensaje publicado en X, agregó
"Estas plataformas están atentando contra la salud mental, la dignidad y los derechos de nuestros hijos e hijas. El Estado no lo puede permitir. La impunidad de los gigantes debe acabar"
Es una metáfora potente la de un territorio sin ley. Como el salvaje oeste. Y ese es exactamente el escenario que el Gobierno quiere evitar para los menores. Por eso, entre las cinco medidas anunciadas, destaca también la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años, una norma que ya está en trámite en el Congreso.
Pero no se trata solo de cerrar puertas. También de iluminar los rincones oscuros. Una de las iniciativas más innovadoras es la creación de un sistema para rastrear lo que el Ejecutivo llama la "huella de odio y polarización" un mecanismo que monitorice cómo los discursos tóxicos se amplifican en las plataformas, cuantifique su impacto y revele el papel activo que los algoritmos desempeñan en su propagación.
Responsabilidad penal para los directivos
Otra de las medidas anunciadas apunta directamente a la cúpula de las grandes tecnológicas legislar para que los directivos puedan ser investigados o sancionados por las violaciones que ocurren en sus plataformas. No será suficiente alegar desconocimiento. Si los algoritmos fomentan el acoso, la pedofilia o la manipulación, los responsables tendrán que responder.
También se prevé introducir un nuevo delito la manipulación de algoritmos con fines ilícitos. Por primera vez, el código penal podría reconocer que un algoritmo no es neutral, que puede ser diseñado para hacer el mal. Y que quien lo diseña o lo permite, también debe rendir cuentas.
Una acción en contexto global
El movimiento del Gobierno español no ocurre en el vacío. Hace apenas dos semanas, la Fiscalía francesa registró la sede de X en París y citó a Elon Musk. La Comisión Europea, por su parte, ya investiga a Meta, TikTok y Grok bajo el paraguas del Reglamento de Servicios Digitales (DSA), una norma que obliga a las plataformas a mitigar riesgos sistémicos.
Estamos ante una escalada regulatoria que ya no se limita a multas o advertencias. Se está trazando una línea roja las tecnológicas no pueden seguir operando como si las leyes no les aplicaran. Y España quiere ser parte activa de esa transformación.
La decisión de hoy no resuelve el problema de la noche a la mañana. La fiscal general deberá convocar a la Junta de Fiscales de Sala, que emitirá un dictamen no vinculante. La última palabra será suya. Pero el mensaje político ya ha sido lanzado. El Estado no permanecerá inmóvil mientras los más vulnerables son expuestos a peligros que las plataformas podrían prevenir y no previenen.
El entorno digital no es un territorio libre. Es un espacio de derechos y deberes. Y si hasta ahora ha parecido un desierto sin ley, tal vez este sea el comienzo de una nueva cartografía. Con más justicia. Con más protección. Con menos impunidad.