La inteligencia artificial ya no ocupa solo el escaparate de los lanzamientos y las promesas. También ha entrado de lleno en el terreno de las prohibiciones, las multas y la vigilancia pública. España acaba de dar otro paso en esa dirección con un anteproyecto de ley que aterriza en la legislación nacional parte del reglamento europeo.
El Consejo de Ministros aprobó esta semana, en segunda vuelta, el anteproyecto de ley de buen uso y gobernanza de la inteligencia artificial. Su objetivo consiste en trasladar al marco español varios aspectos del reglamento europeo de inteligencia artificial, que entrará en aplicación progresiva desde 2025.
España incorpora un castigo severo para los usos más dañinos
Entre los puntos más sensibles aparece una enmienda aprobada el 7 de mayo a petición de España. Esa modificación incorpora la prohibición de los deepfakes de carácter sexual, después de la difusión de imágenes sexuales de mujeres y menores generadas por sistemas de inteligencia artificial vinculados a redes como Grok, propiedad de Elon Musk.
No hablamos de un debate abstracto ni de un conflicto técnico reservado a especialistas. Hablamos de herramientas capaces de fabricar imágenes íntimas falsas con una facilidad que altera la vida de las víctimas mucho antes de que un juzgado o una administración lleguen a actuar.
Las multas alcanzan cifras propias de las grandes plataformas
El régimen sancionador eleva mucho el coste del incumplimiento. La ley prevé multas de hasta 35 millones de euros o del 7 % del volumen de negocio mundial de la empresa responsable, si esa segunda cifra resulta superior.
Ahí aparece una idea central del nuevo marco. La sanción no solo mira al daño causado, también intenta ajustar la respuesta al tamaño real de quien infringe la norma, algo especialmente relevante cuando los sistemas o servicios operan a escala global.
La vigilancia no recaerá solo en máquinas
Frente a la imagen de un control automatizado de la propia automatización, el anteproyecto fija otro criterio. La supervisión de los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo corresponderá a personas físicas.
Después, el control del cumplimiento dentro de España quedará repartido entre varias instituciones según la materia. La Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial, la Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo General del Poder Judicial asumirán funciones en ese reparto.
Esa distribución dibuja un mapa de vigilancia compartida que intenta encajar una realidad incómoda. La inteligencia artificial puede afectar al mismo tiempo a derechos fundamentales, privacidad y decisiones con efectos jurídicos, y ninguna de esas piezas cabe entera en una sola ventanilla.
Ahora el texto entra en una fase donde todavía puede cambiar
Desde ahora, el texto aprobado por el Gobierno iniciará su recorrido parlamentario. Se remitirá al Congreso para su tramitación como proyecto de ley orgánica.
Allí todavía podrá cambiar mediante enmiendas, primero en el Congreso y después en el Senado, antes de su aprobación definitiva. La fotografía política, por tanto, aún no está cerrada, aunque el núcleo del debate ya está sobre la mesa, con los deepfakes sexuales y las sanciones económicas en el centro.
Resulta difícil encontrar una mejor síntesis del momento que esa combinación de cifras y límites. Por un lado, multas de hasta 35 millones de euros o el 7 % del negocio mundial. Por otro, una prohibición nacida a partir de imágenes sexuales falsas de mujeres y menores, quizá la prueba más clara de que el problema dejó hace tiempo de ser hipotético.